El Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, dictó decisión declarando: PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta en fecha 14 de diciembre de 2005, por el abogado Eduardo Díaz Chacón, actuando como apoderado de "la parte actora", contra la decisión en la cual niega la venta de setenta y cinco hectáreas, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: SIN LUGAR LA ADHESIÓN A LA APELACIÓN formulada por el Dr. Gerardo Pacheco Vivas, co-apoderado de la co-demandada MIRYAM ESTELA OMAÑA DE DASKALOPULOS, formulada en fecha 02 de febrero de 2006. TERCERO: CONFIRMA EN TODAS SUS PARTE LA APELADA dictada en fecha 09 de diciembre de 2005 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del.....

El JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA, la apelación interpuesta por el abogado José Lucio González Flores, contra la decisión dictada en fecha 16 de enero de 2006, por la Sala N° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial.

El Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, actuando en sede constitucional, se declaró INCOMPETENTE para conocer el recurso de amparo constitucional, presentado por la ciudadana LAURA MILDREY BUSTAMANTE, asistida de la abogada NEILA YELITZA USECHE TARAZONA, en contra de los ciudadanos JESÚS VICTOR MANUEL GARCÍA CASTRO y JOEL CAMARGO, y DECLINA LA COMPETENCIA en el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial. Ordenó remitir de inmediato el expediente de conformidad con el artículo 7 de la Ley orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales al Juzgado declarado competente.