DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho Abogada YUSBINY VALERA VIVAS, en su carácter de defensora privada del penado JESUS RAMON ALVARADO PINTO, plenamente identificado, contra la decisión dictada por el Tribunal Tercero de Ejecución Circunscripcional, de fecha 27 de octubre de 2006, en la cual acordó suspender condicionalmente la ejecución la pena impuesta en sentencia definitiva al referido penado, por el lapso de un (01) año y quince (15) días, ello de conformidad con lo establecido en el literal "b" del artículo 437 de del Código Orgánico Procesal Penal.

Con fundamento en la motivación precedentemente expuesta, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal, en función Control, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Decreta la aplicación del Procedimiento Ordinario contemplado en el Artículo 280 y 373, ultimo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO. DECRETA LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de los ciudadanos WILBY RAFAEL MALPICA GUTEERREZ y GREGORI JOSE LIENDO, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Pena, por cuanto se considera que están llenos los extremos de los artículos 250 y 251 ordinales 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal.

se declara CON LUGAR, la solicitud de la defensa en cuanto la revisión y sustitución la medida privativa de Libertad por la medida de Libertad al adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, Titular de la cédula de identidad Nro. V- 24.802.943; la cual consiste en: Obligación de Presentarse cada Ocho (08) días; y presentar Dos (02) fiadores que devenguen un salario de Sesenta (60) unidades Tributarias y los demás requisitos para ser fiadores, de conformidad con o establecido en el artículo 582 literales C y G, de La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Una vez cumplido los requisitos de la fianza cúmplase la medida cautela

En razón de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto Unipersonal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en nombre de la República y por autoridad de la ley hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se CONDENA al ciudadano GIL LOPEZ NELSON EDUARDO, quien es de nacionalidad Venezolana, nacido en fecha 06-05-1979, de 27 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio Obrero, hijo de Nelson Gil (v) y Evelin López (v), titular de la Cédula de Identidad Nro. V-13.827.963, y residenciada en el Sector Blanquita de Pérez, sector 3, calle Los Apamates, cerca del Tanque, Caraballeda, Estado Vargas, a cumplir la pena de SEIS (06) MESES DE PRISION, por la comisión del delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes, cometido en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que quedaron e.....

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: ACUERDA LA SUSPENSIÓN CONDICONAL DE LA PENA al ciudadano, ANGEL JOSE VARGAS ROJAS, titular de la cedula de identidad N° 6.479.125, fijándosele como lapso del régimen de UN (01) AÑO, SEIS (06) MESES y QUINCE (15) DÍAS, es decir que debe cumplir con dichas condiciones hasta el día 05/01/2009, es decir que debe cumplir con dichas condiciones hasta el día 05/01/2009, de conformidad a lo previsto en los artículos 493, 494, y 497 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Este Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en nombre de la República y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamiento: PRIMERO: Se decreta la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con los artículos 373 y 280 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA al imputado EDUARDO ANTONIO ACOSTA MUJICA, conforme el artículo 87 numerales 5° y 6° en concordancia con el articulo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y la establecida en el artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: ACUERDA EL REGIMEN ABIERTO, a la penada MARLEN LEONOR RODRIGUEZ SULBARAN, titular de la cédula de Identidad N° 16.880.167, quien es de nacionalidad Venezolana, natural Caracas donde nació el 20-02-1982, de estado civil Soltera, como fórmula alternativa al cumplimiento de pena, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ete Tribunal, visto que la mediación es positiva, que no han sido vulnerados los derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES DANDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA.

este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: SIN LUGAR la Solicitud de Calificación de Despido incoada por el ciudadano, EDUARDO ALEXNER CORDERO ARELLANO, contra la "GOBERNACION DEL ESTADO VARGAS".

Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto no han sido vulnerados derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efecto de Cosa Juzgada.