Es forzoso concluir para esta juzgadora, que el derecho inquilinario es de estricto orden público y el Juez debe por Supremacía Constitucional, respaldar los derechos de las partes y sobre todo, el debido proceso, es decir, que las normas de interés público que exigen observancia incondicional no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos y en aras de que no existan fallas que anulen el juicio y sobre todo resguardando el derecho a la defensa; es por lo que declara improcedente, la acción escogida por el demandante. En consecuencia la Acción de DESALOJO, debe declararse IMPROCEDENTE. En razón de la improcedencia de la pretensión contenida en el libelo de demanda, no puede esta Juzgadora entrar a resolver sobre el fondo de la misma. Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara IMPRO.....

este Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en consecuencia extinguido el proceso que por COBRO DE BOLIVARES incoara el ciudadano MIGUEL RODOLFO SANCHEZ ZAPATA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 6.465.001, de este domicilio; contra PEDRO JOSE GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 2.506.753, Y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE FINANZAS C.A, inscrita bajo el Nº 47, Tomo 4-A, por ante el registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la figura de su presidente Oswaldo Alberto Garrido González, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 4.731.127. Así se decide. No hay condenatoria en costas conforme lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.