este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada ELIZABETH HERNÁNDEZ DE GUAURA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 28.857, actuando con el carácter de co apoderada de la parte demandada, contra la decisión de fecha 25 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del estado Táchira. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano JUAN CARLOS GONZÁLEZ REYES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.204.853 y de este domicilio; contra la ciudadana KAROL YESSENIA CASIQUE VELASCO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 18.790.762 y de este domicilio; por PARTICIÓN DE BI.....

Con fundamento en la normativa transcrita, concluye esta juzgadora que el Juez natural y apto para conocer el presente asunto, es el JUEZ DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIPSOS JÁUREGUI, ANTONIO RÓMULO COSTA, SEBORUCO, JOSÉ MARIA VARGAS Y FRANCISCO DE MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, toda vez que el último domicilio conyugal establecido de común acuerdo entre los cónyuges fue establecido en la Avenida Principal Las Piedras casa 11-11, la Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira; en virtud de lo cual, en aras de evitar reposiciones futuras y garantizar los derechos consagrados, este Tribunal debe declararse INCOMPETENTE para conocer de la presente controversia. Y ASÍ SE DECLARA. Por los razonamientos expuestos, ESTE TRIBUNAL TERCERO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, se declara INCOMPETENTE por el territorio y DECLINA la competencia al TRIBUNAL (DISTRIBUIDOR) DE MUNICIPIO OR.....

Quedó comprobado de las actas procesales que el solicitante no tiene interés en que se les administrara justicia, habida cuenta que no realizaron una sola de las obligaciones que le impone la Ley, a los fines de procurar el cumplimiento de las formalidades necesarias en el tiempo oportuno; en tal virtud, la falta de impulso procesal durante más de un año luego de admitida la solicitud, generó el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal en la presente causa y, como consecuencia de ello, la perención de la instancia, la cual es verificable de derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal, por tratarse de un instituto procesal de orden público; razón por la cual resulta imperativo concluir que la perención de la instancia es procedente de acuerdo con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem. Y ASÍ SE ESTABLECE. Por los razonamientos expuestos, este TRIBUNAL TER.....