CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente de este Circuito Judicial, en la que decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra el adolescente imputado IDENTIDAD OMITIDA, ello en virtud de estar satisfechos los extremos exigidos en el artículo 250 del texto adjetivo penal, en concordancia con los artículos 559 y 628, parágrafo segundo, literal "a" de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, de fecha 21 de abril de 2008, en la que decretó la aplicación de la medida cautelar sustitutiva de libertad prevista en el numeral 3 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del ciudadano JACINTO GABRIEL ROMERO JIMENEZ, quien es de nacionalidad venezolano, nacido en fecha 21/10/1987, titular de la cédula de identidad Nº 19.627.503, y en su lugar ORDENA LA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, al no encontrarse acreditado los requisitos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.-

REVOCA la decisión pronunciada y publicada en fecha 21/04/2008 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en la que le impuso Medidas Cautelares Sustitutivas de la Libertad al ciudadano RUBEN DARIO VILLAMIZAR SALAS y, en consecuencia ordenar la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES del prenombrado ciudadano, por no estar satisfechos los requisitos exigidos en los numerales 1º y 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, se insta al Ministerio Público a continuar con la investigación, a los fines que presente el acto conclusivo que considere pertinente.

DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Dra. INGRID KATIUSKA LORENZO PEROZO, en su carácter de Defensora Pública Tercera del ciudadano RICHARD ANTONIO HURTADO PEREZ, en contra de la decisión de fecha 21 de abril del 2008, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial, en la cual decretó su defendido, la medida de coerción personal prevista en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal penal, por la presunta comisión del delito de LESIONES CULPOSAS, previsto y sancionado en el artículo 420 del Código Penal.