En base a lo anteriormente expuesto este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de la Fiscalía Octava del Ministerio Público y en consecuencia DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra los ciudadanos JAVIER ENRIQUE PEÑA, Titular de la Cédula de Identidad Nº 14.097.680, de nacionalidad Venezolana, Natural de Guatire, Estado Miranda, nacido en fecha 24-08-1976, de estado civil soltero y de profesión u oficio Chofer y LUIS ALFONSO ALVAREZ JEAN, Titular de la Cédula de Identidad Nº 14.097.680, de nacionalidad Venezolana, Natural de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, nacido en fecha 15-03-1971, de estado civil casado y de profesión u oficio Fiscal de Seguridad Aeroportuaria, de conformidad con el artículo 318, ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

Este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NO ADMITE LA ACUSACION FISCAL interpuesta por la Fiscalía Primera del Ministerio Público y DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra los ciudadanos NAILETH ROSANGELA VERA VARGAS y IOVACK ISRAEL PACHECO DEL CASTILLO, por la comisión del delito de LESIONES LEVES, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal, de conformidad con los artículos 330, ordinal 3° concatenado con el artículo 318, ordinales 1° y 3º ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, cesan las medidas cautelares que pesan en su contra.

Se declara sin lugar la imposición de medidas cautelares sustitutivas de libertad, solicitada por la defensa de ambos imputados, en virtud de estar llenos los extremos contemplados en el artículo 250 y 251, ordinales 2º ,3º y el parágrafo primero del texto adjetivo penal. Asimismo, los acusados fueron impuestos de las alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento especial por admisión de los hechos, manifestando los mismos no querer acogerse a ninguno de los antes mencionados, en consecuencia, SE ORDENA ABRIR EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO y se emplaza a las partes para que en plazo común de cinco días, concurran ante el Juez de Juicio.