DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y ANULA la decisión de fecha 12-12-06 emanada del Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de este Circuito Judicial Penal, que ordena la entrega material de Dos Millones Quinientos Mil Dólares Americanos a la Sociedad Mercantil ITALCAMBIO, C.A.

DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, y REVOCA la decisión de fecha 29-11-06 emanada del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en función de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, debiendo el a quo pronunciarse sobre la procedencia o no de la suspensión condicional de la pena, observando si están llenos los requisitos exigidos por ley.

REVOCA la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Ejecución, de fecha 24 de abril de 2006 y en su lugar se ORDENA tramitar lo conducente, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por el penado AQUILES ENRIQUE VASQUEZ RODRIGUEZ.-

ONFIRMA la decisión dictada en fecha 13 de diciembre de 2006, por el Tribunal Segundo de Control Circunscricpional, mediante la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad a la hoy acusada HERBEARI CONSUELO VELAZQUEZ HERNANDEZ, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. 16.876.503.

DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, y ANULA la decisión de fecha 19-07-06 emanada del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en función de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, por inobservancia de lo establecido en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto omitió requerir la opinión del Ministerio Público.

Declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por las Abogadas Jeannette Sabaneta y Trina Vivas, en su carácter de defensoras del imputado MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Control Circunscripcional, en fecha 14/12/2006, en la que le impuso al mencionado ciudadano las Medidas Cautelares Sustitutivas previstas en los ordinales 3° y 8° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y declara SIN LUGAR la solicitud de NULIDAD interpuesta en contra del escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, ello en virtud de no evidenciarse ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 191 del Código Adjetivo Penal.

Hace los siguientes pronunciamientos: 1) ANULA la sentencia dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio, de fecha 23 de octubre de 2006, mediante la cual condenó a los acusados ECDWIN JOSE GONZALEZ PEÑA y EMIRO DAVILA MATUSALÉN, antes identificados, a cumplir el primero de ellos, la pena de DIECISIETE (17) AÑOS y SEIS (6) MESES de PRISION, por la comisión del delito de HOMICIDIO POR MOTIVOS FÚTILES y al segundo de los acusados, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS y NUEVE (9) MESES de PRISION, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES EN GRADO DE COMPLICIDAD y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, más las accesorias de ley; y 2) ORDENA la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un juez distinto del que pronunció la sentencia que se anula.

REVOCA la decisión impugnada, de fecha 22 de noviembre de 2006, y en su lugar impone al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, la medida cautelar contemplada en el literal g) del artículo 582 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, consistente en la presentación de dos fiadores de reconocida buena conducta, responsables, con capacidad económica para atender las obligaciones que contraen, para lo cual deberán presentar constancia de trabajo o las dos últimas declaraciones del impuesto sobre la renta, estar domiciliados en el territorio de la República, debiéndose comprometer los mismos a que el imputado no se ausente de las jurisdicción del tribunal; presentarlo al tribunal de juicio sección adolescente del Circuito Penal del Estado Vargas cada ocho días; satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causadas hasta el día en que el afianzado se hubiere ocultado o fugado y pagar por vía de multa, la cantidad de cuarenta (40) unidades tributarias.