Ahora bien, apuntan las documentales consignadas, sin que pueda entenderse como adelantar opinión sobre el fondo de lo controvertido; la presunción del buen derecho que tiene la parte actora para solicitar la medida de prohibición de enajenar y gravar; concluyendo el Tribunal que de los recaudos consignados, se desprende la condición del fumus bonis iuris, esto es el primero de los supuestos de procedencia contemplados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual se encuentra satisfecho para la medida peticionada. Así mismo, el tribunal encuentra satisfecha la segunda exigencia relativa al "periculum in mora"; esto, sobre la base del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo por la tardanza en la emisión de la providencia principal o la demora en el juicio. En consecuencia; y en fuerza de los razonamientos anteriores, este Tribunal encuentra satisfechos los dos requisitos atinentes al "periculum in mora", "fumus boni iuris", obligatorios para la .....

Esta operadora de justicia, observa que la parte demandada convino en la presente causa, asimismo, considerando los fundamentos anteriormente expuestos de hecho y de derecho; este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO, realizado por la parte demandada, en consecuencia ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. En tal virtud se declara RECONOCIDO EL INSTRUMENTO PRIVADO, inserto al folio seis (06), suscrito entre la ciudadana ZAIRA COROMOTO CORDERO DE SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.263.446 y el ciudadano JOSE REMIGIO PEÑA ANDRADE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.681.264. Publíquese, regístrese, déjese copia para el archivo del Tribunal. Dada.....

Este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL, decide: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ROWLAND ALFONSO CONTRERAS NOGUERA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana BETTY YOLANDA NOGUERA DE CONTRERAS, en fecha 23 de abril de 2025, contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2025 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada el 21 de abril de 2025 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, actuando en sede Constitucional, QUE DECLARÓ CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTA POR EL CIUDADANO HÉCTOR.....

Así mismo, el tribunal encuentra satisfecha la segunda exigencia relativa al "periculum in mora"; esto, sobre la base de una posible insolvencia de la parte demandada durante el transcurso del litigio. En consecuencia; y en fuerza de los razonamientos anteriores, éste Tribunal encuentra satisfechos los dos requisitos atinente al "periculum in mora" y "fumus boni iuris" obligatorios para la declaración de la Medida de Embargo preventivo de bienes muebles. Y Así se decide. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, y en concordancia con los artículos 2 y 257 de la Constitución República Bolivariana de Venezuela, se DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes muebles del ciudadano RAFAEL ANGEL LARES ANTENCIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.902.2881, parte demandada de la presente causa, se ORDENA el EMBARGO PREVENTIVO, hasta cubrir la cantidad de: DOS MILLONES SE.....

, al no haber consignado la parte demandante junto con el libelo de demanda un documento que demuestre la existencia de la comunidad ordinaria sobre el terreno y las mejoras cuya partición demanda, resulta forzoso para quien decide en atención a lo dispuesto en los Artículos 777 y 778 del Código de Procedimiento Civil, y al criterio jurisprudencial transcrito supra el cual acoge esta sentenciadora declarar inadmisible la demanda interpuesta por el ciudadano José Francisco Estrada Aguilera en contra de la ciudadana Olyz Rafaela Aguilera Contreras, por partición de bienes de la comunidad ordinaria en los términos en que ha sido planteada. Así se decide. Asimismo, se acuerda el desglose del instrumento original marcado con la letra "D", para ser resguardado en la caja fuerte de este Tribunal, dejando en su lugar copia fotostática debidamente certificada.

PARTE DISPOSITIVA En virtud de la motivación antes expuesta, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: IMPROCEDENTE la medida amparo cautelar de suspensión de efectos, solicitada por ciudadanos Evelina Ruiz viuda de Warnner, identificada con la cédula de identidad número V- 1.743.517, en su carácter de Presidenta y el ciudadano Luis Ramón Contreras Vera, identificado con la cédula de identidad número V- V-11.374.267en su carácter de Director Administrador, asistidos por el abogado Rafael Ramón Molero Villalobos, inscrito en el inpreabogado, bajo el número 33.741, con motivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, en contra de la providencia administrativa No. 0009-2025 de fecha 17 de enero de 2024, en el expediente administrativo No. 056-2024-01-000461, con ocasión al procedimiento de solicitud.....

Sobre las motivaciones de hecho, de derecho y Jurisprudenciales ya expuestas y analizadas, este TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: Con Lugar la solicitud de Divorcio por Mutuo Consentimiento efectuada por los ciudadanos REGULO EDUARDO MONCADA SAYAGO y LENDYDALMAY CORREDOR URIBE, venezolanos, mayores de edad, titulares en su orden de la cédula de identidad No.No.V-9.244.792 y No.V-10.167.580, asistido el primero por la abogada Marly Leticia PratoBalazarte y representada la segunda por el Abogado Jesús Andelfo Camacho Díaz, inscritos en el Inpreabogado bajo el No.53.143 y No.258.005 respectivamente. SEGUNDO: Queda Disuelto el Vínculo Matrimonial que entre ellos fue contraído, ante el Prefecto Civil de la Parroquia San Juan Bautista del Municipio San Cristób.....