este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: UNICO: DECRETA DE OFICIO LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL y en consecuencia, el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA a favor de: JAIME ESPINEL MOLINA, quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira, nacido el 24-02-1.965, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad No V-12.209.561, de estado civil soltero, de ocupación latonero, hijo de Salome Molina (f) y de Juan Isidro Espinel (f) residenciado en el Barrio San Martín, Calle Principal, casa No 91, Aguas Calientes, Ureña, Pedro María Ureña del Estado Táchira, por la presunta comisión del delito FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO JUDICIAL, previsto y sancionado en el artículo 242 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano,, todo de c.....

"...En fecha 19 de enero de 2010, la ciudadana: BLANCA AYDE OMAÑA CONTRERAS, compareció espontáneamente por ante este despacho, y expuso lo siguiente: "...Acepto el ofrecimiento hecho por el ciudadano JOSÉ GREGORIO OROZCO mediante diligencia hecha el día 15 de enero de 2010 por aumento de la Obligación de Manutención a favor de mi hija. Así mismo pido se Homologue el presente acuerdo...". (Folio 211). En consecuencia, visto el CONVENIMIENTO, celebrado entre las partes, este Juzgado Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, le imparte la HOMOLOGACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Expídase copia certificada de la presente SENTENCIA INTERLOCUTORIA para el archivo de este Tribunal..."

Ahora bien, observado lo anterior, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, tomando como base la norma antes transcrita SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del presente procedimiento en razón del territorio, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA, en el Juzgado del Municipio Cárdenas de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en razón del territorio, y así se decide.

En consecuencia este JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA las presentes diligencias suficientes para asegurarle a los ciudadanos: Hipólito GARCÍA GONZÁLEZ, MARIELA YANETH GARCÍA FERNÁNDEZ Y JOSE OMAR GARCÍA FERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad No. V-3.314.380, V-12.973.212 Y V-10.168.812, en su orden, en su condición de cónyuge el primero e hijos los siguientes, de la causante CELIA FERNÁNDEZ DE GARCÍA, el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS; y así se decide.-. De conformidad con el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, se deja a salvo todo derecho de terceros.

Por los fundamentos expuestos, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD NÚMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. ORDENA que el penado JOHAN ALEXANDER COLMENARES DUARTE sea trasladado de la Policía a la Cárcel de San Juan de Lagunillas Estado Mérida con todas las medidas de seguridad y bajo la entera responsabilidad de quien realice dicho traslado. NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. ABG. ISBETH SUÁREZ BERMÚDEZ JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN Abg. YOMAIRA MAVEL RAMIREZ VERA LA SECRETARIA Exp. E3-3842

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NÚMERO CINCO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: ÚNICO: Se ordena el Cese de la Medida Cautelar impuesta al RAMÓN ARGENIS GONZALEZ PERNÍA , Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-17.497.040, fecha de nacimiento 27-08-83, 25 años de edad, soltero, profesión u oficio OBRERO, residenciado BARRIO EL paraíso calle principal detrás cancha nueva , teléfono 0416-7050680. 0416776147 por la comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES MENOS GRAVES, previsto y sancionado en el articulo 413 del Código Penal en perjuicio de GUERRERO CARLOS HUMBERTO de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese, regístrese, déjese copia. ABG. HILDA MARIA MORA R JUEZ QUINTO DE CONTROL ABG. MARIA TRINIDAD SANENZ LA SECRETARIA 5C-11437-09

Visto el desistimiento a la acción presentado mediante diligencia de esta misma fecha por el abogado HAROLD ORLANDO RUGELES CHACÓN, titular de la cédula de identidad N° V-14.502.945 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 105.173, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante, ciudadano WUILIAM PAUL PAREDES PARRA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 3.995.465; esta Juzgadora una vez revisado el mismo, y observando que no es contrario a derecho, procede de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, a impartirle la HOMOLOGACION DE LEY, acordando proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Asimismo conforme a lo peticionado por la representación de la parte demandante, esta administradora de justicia procede a LEVANTAR LA MEDIDA DE SECUESTRO, decretada en fecha 18 de noviembre de 2009, sobre dos (2) vehículos propiedad de la parte demandada, ciudadan.....

Primero: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Doris Esperanza Escalante Moreno, Defensora Pública Décima Quinta con competencia exclusiva en funciones de ejecución, defensora de la penada María Lourdes Zambrano García, contra la decisión dictada el día 25 de septiembre de 2009, por el abogado Richard Antonio Cañas Delgado, Juez de Primera Instancia en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 2 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de régimen abierto que le fuera solicitado. Segundo: Declara la nulidad absoluta de conformidad con el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, de la decisión señalada en el punto anterior. Tercero: ORDENA que un juez distinto, pero de igual categoría al que dictó el fallo anulado, provea respeto de lo peticionado por la defensora de la penada María Lourdes Zambrano García, prescindiendo del vicio aquí declarado.

1. Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada GLADYS GONZALEZ DE BARRAGAN, defensora pública del penado VICTOR MANUEL CONTRERAS RAMIREZ. 2. Declara la nulidad absoluta de conformidad con el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, de la decisión dictada el 29 de septiembre de 2009, por la Juez de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 03, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró improcedente el beneficio solicitado por el penado VICTOR MANUEL CONTRERAS RAMIREZ, y ordenó la práctica de la evaluación prevista en el cardinal 1 del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 04 de septiembre de 2009. 3. ORDENA que un juez distinto, pero de igual categoría al que dictó el fallo anulado, provea respeto de lo peticionado por la defensora pública del penado VICTOR MANUEL CONTRERAS RAMIREZ, prescindiendo del vici.....

1. Declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el abogado JUSTINIANO HERRERA LENIS, con el carácter de defensor privado del acusado ENRIQUE REGUEROS VILLAFRADES. 2. Anula la sentencia definitiva publicada el 28 de septiembre de 2009, por el Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 01, extensión San Antonio, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual condenó al acusado ENRIQUE REGUEROS VILLAFRADES, a cumplir la pena de OCHO (08) AÑOS y NUEVE (09) MESES DE PRISION, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR. 3. ORDENA la celebración de un nuevo juicio oral y público, ante un Juez de la misma categoría y competencia, distinto al que pronunció el fallo aquí anulado, prescindiendo del vicio observado, de conformidad con lo previsto en el encabezamiento del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.