DECIDE:PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO conforme con lo establecido con el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del acusado: JAVIER DEPABLOS NIETO, quien dice ser de nacionalidad Venezolano, mayor de edad, natural de San Antonio del Táchira, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela, nacido en fecha 08 de Septiembre de 1.971, de 40 años de edad, hijo de José Cirilo Depablo Rangel (v) y de Lucinda Nieto de Depablos (f) titular de la cedula de Identidad V-11.019.296, de estado civil Casado, de profesión Comerciante de Artesanías, residenciado en la Urbanización Colinas de la Frontera; casa N° 79, llano de Jorge San Antonio del Táchira Tlf: 0426-3717033, a quien el Ministerio Público le atribuye RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal; de conformidad a lo establecido en el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: ADMITE TOTALMENTE LAS .....

PRIMERO: DESESTIMA LA CALIFICACION DE LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de los ciudadanos GABRIEL EDUARDO VELANDIA DELGADO, de nacionalidad venezolana, natural Rubio Municipio del estado Táchira, titular de la cédula de identidad Nº 15.438.311, nacido en fecha 04 de octubre de 1.982, de 29 años de edad, soltero, de profesión u oficio Chofer; residenciado en la calle 15, entre carreras 16 y 17, Nº 16-80, San Diego, Rubio, Municipio Junín del estado Táchira, teléfono 0424-708.76.51 (personal); y DANIEL EDUARDO OROPEZA RAMÍREZ, de nacionalidad venezolana, natural Rubio Municipio del estado Táchira, titular de la cédula de identidad Nº 16.420.896, nacido en fecha 21 de septiembre de 1.983, de 28 años de edad, soltero, de profesión u oficio Obrero; residenciado en la calle 05, Nº 19, Urbanización, Manuel Pulido Méndez, Rubio, Municipio Junín del estado Táchira, teléfono 0276-762.48.50 (residencial); por la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado .....

Vista la diligencia presentada en fecha 21 de noviembre de 2011, por el abogado en ejercicio ANGEL ALBERTO MARRERO LEÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-342.629, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 1.464, en su condición de apoderado judicial de la JUNTA DIRECTIVA DEL CONDOMINIO DEL CENTRO CÍVICO DE SAN CRISTÓBAL, representante legal de la sociedad de propietarios del Edificio Conjunto Arquitectónico Centro Cívico de San Cristóbal, Documento de Condominio inscrito en la Oficina Subalterna de Registro Público del antiguo Distrito San Cristóbal el 10 de marzo de 1986 bajo el N° 36 Tomo 5 Adicional (cláusulas 13,14 y 15), mediante la cual informa que la parte demandada, ciudadano JOSÉ ELIAS DURÁN SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.670.167 y de este domicilio, canceló a su presentada la totalidad de la suma aquí demandada, y desiste de la presente demanda, este Juzgado conforme a la norma prevista en el artíc.....

De lo expuesto anteriormente, se evidencia que al intentar la demanda en la forma como lo hizo, se estaría en presencia de violación de normas procesales de eminente orden público, lesionando así el derecho constitucional al Debido Proceso consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, en virtud, de que existe la duda de que la ciudadana Mérida Ramírez Montero, este viva o haya fallecido, y siendo la parte demandada necesaria para formar la relación procesal en la presente litis, a los fines de que ejerza la defensa que crea necesaria para salvaguardar sus derechos e intereses, conforme a los principios legales y constitucionales, por ende, la presente demanda atenta contra el orden público y no cumple con lo exigido en la ley adjetiva para su admisión. En consecuencia, resulta forzoso concluir que es INADMISIBLE la demanda incoada por el ciudadano Edgar José Toro Cabello, asistido por el abogado Cesar Josué Ochoa Perez.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, éste Tribunal inadmite la acción de amparo propuesta, de conformidad con el artículo 48 ejusdem, en concordancia con los criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional antes expuestos. Así se decide.

IV PARTE DISPOSITIVA Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, DECLARA: 1º: Parcialmente con lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales, fue interpuesta por las ciudadanas María Mercedes Molina Soto, María Lourdes Cala Torres y Yelitza Maribel Guerrero Corredor, ya identificadas, contra la Gobernación del Estado Táchira. 2° Se condena a la Gobernación del Estado Táchira a pagar la cantidad total de Bs. 10.429,59 de los cuales corresponden a la ciudadana María Mercedes Molina Soto la cantidad de Bs. 6.230,63; a la ciudadana María Lourdes Cala Torres la cantidad de Bs. 2.094,47; y a la ciudadana Yelitza Maribel Guerrero Corredor la cantidad de Bs. 2.104,49. 3° No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo. Notifíquese de la presente sentencia al procurador general del estado Táchira, de conf.....

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de los trabajadores, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. El apoderado de la parte demandada solicita copia certificada de la presente acta, este Tribunal acuerda lo peticionado, en consecuencia ordena expedir la copia certificada de la presente acta al peticionante. En este acto se hace entrega de las pruebas aportadas por las partes de la siguiente manera: 1) La parte demandante escrito de prueba constante de dos (02) folios útiles y 22 anexos, y 2) La parte demandada escrito de prueba constante de dos (02) folios útiles y 7 anexos. LA JUEZ ABOG. BEATRIZ GONZÁLEZ GIRALDO LA SECRETARIA Los Presentes, PARTE ACTORA: DAURYS LUANA SANTAMARÍA CASALLAS APODERADA DE LA PARTE ACTORA: WENDY G.....

Por las razones expuestas este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, DECLARA: DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL, entre los ciudadanos GUILLERMO ANTONIO BONILLA MONSALVE y CRUZ MARY CORZO LOPEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad No. V-3.949.138 y V-9.235.192, en su orden, contraído por ante la Primera Autoridad del antes Municipio La Concordia, Distrito San Cristóbal; hoy Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira; el día dieciséis (16) de Mayo de 1.986, plasmado en Acta de Matrimonio No. 230 del año 1.986, de los Libros de Registro Civil de Matrimonios, llevados por el Registro Civil de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal y por el Registro Principal, ambos del estado Táchira. Ofíciese lo conducente al Despacho de Registro Civil .....

Siendo ello materia de orden público, y por cuanto existe un fin útil, como es el restablecimiento de tal garantía constitucional, es por lo que conforme a los criterios jurisprudenciales referidos y a lo preceptuado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículo 15 y 206 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal acuerda reponer la causa al estado de promover pruebas. En consecuencia, se abre el lapso probatorio a partir de que conste en autos la notificación del último, y en tal virtud se nombran como Defensores Ad-litem de la parte co-demandada a la abogada MARILIA ALMARI GUERRERO, venezolana, mayor de edad, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 98.732, de este domicilio y hábil, y como defensor ad-litem de los herederos desconocidos del de cujus LAUREN USECHE, al abogado JOSE LUIS ARANGO MORALES, venezolano, mayor de edad, inscrito en el I.P.S.A. bajo el NC 129.270, de este domicilio y hábil, quienes retomarán la.....

este JUZGADO DEL MUNICIPIO CORDOBA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY HOMOLOGA dicho acuerdo y se le imparte fuerza ejecutiva de conformidad con el articulo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, quedando acordado lo siguiente: PRIMERO: Se fija por aumento de la obligación de manutención la suma de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) MENSUAL para un total de TRESCIENTOS BOLIVARES (Bs. 300,00) mensual. SEGUNDO: En el mes de Septiembre el padre se compromete a comprar los uniformes escolares y la madre se compromete a comprar los útiles escolares. TERCERO: En el mes de Diciembre el padre se compromete a comprar el estreno del día 24 más un regalo y la madre comprara la del 31 más un regalo CUARTO: El ciudadano obligado reconoce que posee una deuda de cuatrocientos bolívares (Bs. 400,00) correspondientes a los meses Septiembre y Octubre, los cua.....