En consecuencia, al ser remitido el presente expediente a los tribunales de juicio se vulneró los derechos constitucionales, especialmente aquellos que conciernen al debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la obtención a una oportuna y adecuada respuesta previstos en los artículos 257 y 49 respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la violación de la garantía de una justicia expedita, contemplada también en el artículo 26 de nuestra carta magna, por cuanto aduce que el juez a-quo debió escuchar el recurso de hecho ejercido por la parte demandada, y no causar al proceso una dilación indebida, debiendo en virtud de ello haber realizado esta acción, ya que fueron cumplidos todos los actos del proceso de la manera que indica la ley adjetiva laboral y la jurisprudencia de la Sala de Casación Social. En virtud de ello, no le es dado a este Tribunal de Juicio decidir el presente asunto, habida cuenta que violaría igualmente .....