En consecuencia de lo anteriormente expuesto, garantizando el derecho a la defensa, y al debido proceso de la demandada ciudadana GONZALEZ CARRILLO VITERMINIA, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: 1.- REPONE la causa al estado de pruebas, aludido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. 2.- REVOCA el nombramiento de Defensor Ad Litem recaído sobre la abogada Lilibeth del Valle Ochoa Rueda, con Inpreabogado No. 104.755, por cuanto no dio cumplimiento cabal a las imposiciones que le corresponden. 3.- Consecuencialmente, asigna como nuevo Defensor Ad-Litem de la parte demandada a la abogada ESTUPIÑAN YAÑEZ DAYANA DUBRASKA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-20.426.816, de este domicilio y hábil, teléfono 0424 7330695 / 0414 7002212 y 0276 4224276, a quien se acuerda notificar a los fines de su aceptación o excusa a ejercer el cargo. Una vez conste en auto.....

En orden a los razonamientos antes expuestos; se observa que el Juez Constitucional está dotado de amplios poderes probatorios, e igualmente debe dejarse claro que en los procedimientos de amparo Constitucional no están previstas incidencias de ninguna naturaleza, salvo las previstas en la propia ley; razones por las cuales, éste JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, niega por improcedente la solicitud de revocar por contrario imperio el auto de fecha 10-11-2015 y exhorta a la parte accionante a evitar dilatar el procedimiento, dada la urgencia que el mismo por su propio naturaleza reviste. Así se decide.

De tal manera, que cónsono con lo expresado en los párrafos que anteceden, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en acatamiento a los criterios precedentemente expuestos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, en virtud del tutelaje que a los Juzgados de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes le corresponden sobre los derechos de la menor, los cuales se encuentran involucrados en el juicio que aquí se ventila, y en consecuencia se DECLINA LA COMPETENCIA en la Sala de Juicio del TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, adonde se acuerda remitir las presentes actuaciones, una vez transcurrido el lapso a que alude el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia de lo anterior, al observar éste Tribunal que ésta nueva incidencia se basa en una suspensión por no haberse realizado el procedimiento previo al desalojo de vivienda, solicitud de suspensión que fue resuelto por el Tribunal Natural mediante auto de fecha 26 de enero de 2015, que fue confirmado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en decisión de fecha 08 de mayo de 2015 (fls. 262 al 267, pieza III); y observado como fue que en la tramitación del referido juicio se verificó lo señalado en los numerales "1. y 2." Del artículo 13 de la Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, donde por demás está que en el oficio inserto al folio 154, pieza II, se evidencia con claridad meridiana que a la ciudadana MARIBEL PINZÓN BOLÍVAR, se le concedió la asignación de un Refugio Temporal, éste Tribunal, por existir cosa juzgada material con relación a la solicitud de su.....