Negò la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada, por no llenar los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

Se desaplicò por inconstitucional el artículo 48 la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda, por el cual la parte actora solicito la tramitación de su demanda, y de conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, ordenò su tramitación por el juicio ordinario, el cual garantiza oportunidades de defensa a las partes.