En virtud de lo procedentemente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme al ciudadano CARLOS OSWALDO GONZALEZ RANGEL, de nacionalidad Venezolano, natural de Caracas, nacido en fecha 23 de mayo de 1964, de 45 años de edad, de profesión u oficio obrero, hijo de Miguel González (f) y de Gertrudis de González (v), domiciliado en Calle Santa Eduvigis, Callejón San José, Casa N° 37-11, Los Magallanes de Catia, Caracas y titular de la cédula de identidad N° V-6.226.456, conforme a lo previsto en los artículos 479, encabezamiento, en concordancia con el artículo 482, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CARMEN BEATRIZ RODRIGUEZ, en su carácter de Defensora Pública Décima Primera Penal del ciudadano RAFAEL ANGEL SUESCUN ALBORNOZ, contra la decisión de fecha 21 de abril de 2010, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en la cual DECRETO MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD al ciudadano mencionado, por la comisión de los delitos de "HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 80 ambos del Código Penal, en relación con el artículo 65 parágrafo primero de la Ley Especial de Violencia de Género, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 281 del Código Penal y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 ejusdem."

DECLARA DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho JORGE BASTARDO RODRIGUEZ, en su carácter de Fiscal Auxiliar Cuarto del Ministerio Público, en contra de la decisión pronunciada en fecha 13/1/2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida al imputado MARCIAL ENRIQUE NUÑEZ CHACON, de conformidad con lo establecido en el artículo 330 numeral 2, en relación con el artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, ello de conformidad con la sentencia Nº 2199 de carácter vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26/11/2007, con ponencia del Magistrado MARCO TULIO DUGARTE PADRÓN. Queda CONFIRMADA la sentencia recurrida.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Se DECLARA con lugar la solicitud de la representación Fiscal y se decreta el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LA CAUSA, a favor del adolescente identidad omitida. Por no existir la posibilidad inmediata de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay base para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de dicho imputado, de conformidad con lo previsto en el articulo 318 numeral 4ª del Código Orgánico procesal penal aplicado por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Publíquese. Notifíquese. Diarisese. Déjese copia de la presente decisión. En Macuto, a los Diecisiete (17) días del mes de Mayo de Dos Mil Diez (2010)......

Por los fundamentos arriba establecidos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensa del acusado KELVIN RAFAEL RODRIGUEZ BLANCO, arriba identificado, y en consecuencia revisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Adjetivo Penal, la medida cautelar sustitutiva impuesta al mismo por este Tribunal en fecha 17 de Febrero de 2010, contemplada en el artículo 256, ordinal 8°, ejúsdem.

REVOCA la decisión dictada en fecha 20 de Marzo de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le impuso al ciudadano RICHARD ALEXANDER PALACIO VARGAS las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 458 en concordancia con el primer aparte del artículo 80 del Código Penal, por no estar demostrado el ilícito, en consecuencia se ORDENA su LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, al no encontrarse acreditado los requisitos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal Circunscripcional de fecha 5 de marzo de 2010, en la cual DECRETO MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD al ciudadano ROBERT JOANNY ROJAS GARCIA, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSOCOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; y en su lugar, ORDENA LA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES del ciudadano referido, por no estar satisfecho los requisitos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la recurrente de autos.

S e dicto sentencia interlocutoria declarando la perdida del interes.

DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud interpuesta por la abogada FRANZULY MARÍN, Defensora Pública Penal Segunda quien asiste al ciudadano JEAN CARLOS SOTO MENDOZA, imputado en la presente causa en el sentido que sean revisadas las medidas impuestas acordando reconsiderar el régimen de coerción personal impuesto, fijando en CINCUENTA (50) UNIDADES TRIBUTARIAS el ingreso mensual que deberán devengar los fiadores que presenten, en atención al contenido del artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE. Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión, notifíquese a la defensa y al Ministerio Público. EL JUEZ, VÍCTOR A. YÉPE.....

DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: Declara CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensora Pública Penal 2ª de esta Circunscripción Judicial, quien asiste al ciudadano EDGAR ALEXANDER MENDOZA MUJICA, imputado en la presente causa en el sentido de que le sean revisadas las medidas impuestas acordando eximirlos de prestar la caución personal establecida en el numeral octavo del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal manteniendo las establecidas en los numerales tercero y sexto de la misma norma referido a la presentación periódica cada ocho (8) días por ante la sede de este Juzgado citado así como la prohibición de acercarse a las víctimas, en atención al contenido del artículo 263 del Có.....