ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decide: ÚNICO.- NIEGA LA ENTREGA DEL VEHICULO cuyas características son: CLASE: CAMIONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER 4 x 4, AÑO: 1.997, TIPO: SPORT WAGON, COLOR: BLANCO, PLACA: AAM90M, USO: PARTICULAR, SERIAL DE MOTOR: 3VV304324, SERIAL DE CARROCERÍA: 8ZNDT13W3VV304324, al ciudadano BRUCE CREINER CASTELLANOS AZUAJE, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-18.183.889, asistido por los abogados JULIO CESAR SANDOVAL PEREZ Y JOSE GREGORIO CASTELLANOS ZAMBRANO, inscrito en los Inpreabogados Nros 71.688 y 78.214; respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal.

DISPOSITIVA En atención a las consideraciones anteriores, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, con la potestad ciudadana otorgada en el artículo 253 de la Constitución de la República, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR la solicitud hecha por el Solicitante. SEGUNDO: En consecuencia, SE ORDENA al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) con sede en el Estado Táchira, y dentro del ámbito de sus funciones, que de manera inmediata realice un estudio técnico serio y profundo en el Fundo propiedad del Ciudadano FELIX MANUEL PÉREZ REY, venezolano, portador de la cédula de identidad Nº V- 2.807.166, mayor de edad, Agricultor, Abogado, actuando por sus propios derechos, domiciliado en el Sector el Parchal, Aldea Quebrada de San José, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. TERCERO: Se ordena al INDER que se tomen las medidas inmediatas p.....

Concluye quien aquí juzga, que existe un claro abandono del proceso y una pérdida de interés en proseguir con el juicio, es por ello que este Tribunal en base al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 Ejusdem y en base a lo antes expuesto; por cuanto la perención opera de pleno derecho, es de orden público, irrenunciable por las partes y por cuanto hasta la presente fecha no consta en autos la intimación de la parte demandada, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y por ende la extinción del proceso en la presente causa y así formalmente se decide.

DECISION Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones, en su única Sala, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECIDE: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Wilma Zulay Castro Galaviz. SEGUNDO: ANULA la decisión dictada en fecha 21 de marzo de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Número Dos, Extensión San Antonio del Táchira del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, mediante la cual entre otros pronunciamientos negó la revisión de la medida de privación solicitada por la defensa, en fecha 24 de febrero de 2011, es por lo que se mantiene en todos y cada uno de sus efectos, admitió totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en el numeral 2, del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, admitió totalmente las pruebas of.....

DECISIÓN En consecuencia, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en su única Sala, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Israel Chacón Ramírez, en su carácter de defensor del ciudadano Raynell Jesús Carmona. SEGUNDO: CONFIRMA el auto dictado en fecha 26 de mayo de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio número 01 de la extensión San Antonio de este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, mediante el cual ordenó mantener como juezas no profesionales (escabinas) a las ciudadanas Luz Marina Riveros y Cristina Torres Garcés.

PRIMERO: DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 ordinal 7 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 en concordancia con el artículo 318 ordinal 3, todos del Código Orgánico Procesal Penal, al acusado JOSE GERARDO RICO NIÑO, por los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, AMENAZAS Y VIOLENCIA FISICA previstos en los artículos 39, 41 Y 42 de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cometido en perjuicio de ELIZABETH CONSOLACION RICO BLANCO. SEGUNDO: DECRETA LA LIBERTAD PLENA del ciudadano JOSE GERARDO RICO NIÑO, por los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, AMENAZAS Y VIOLENCIA FISICA previstos en los artículos 39, 41 Y 42 de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cometido en perjuicio de ELIZABETH CONSOLACION RICO BLANCO, por cumplimiento de la Suspensión Condicional del.....

se fijo como aumento de la obligación de manutención, este Tribunal la fija en la cantidad de CUATROCIENTOS BOLIVARES MENSUALES (Bs. 400,00), los cuales depositará el día 10 de cada mes DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00) y los días 25 de cada mes DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00). SEGUNDO: El padre le comprará los uniformes y la madre le comprará los útiles escolares, el padre en el mes de diciembre le comprará los estrenos. Los demás gastos correrán en un 50% por ambos progenitores y los gastos médicos, hospitalización odontología correrán por cuenta del padre ya que tiene el seguro de Ipasme. TERCERO: Estableciéndose el aumento en un 20%

se fijo como aumento de la obligación de manutención, este Tribunal la fija en la cantidad de CUATROCIENTOS BOLIVARES MENSUALES (Bs. 400,00), los cuales depositará el día 10 de cada mes DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00) y los días 25 de cada mes DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00). SEGUNDO: El padre le comprará los uniformes y la madre le comprará los útiles escolares, el padre en el mes de diciembre le comprará los estrenos. Los demás gastos correrán en un 50% por ambos progenitores y los gastos médicos, hospitalización odontología correrán por cuenta del padre ya que tiene el seguro de Ipasme. TERCERO: Estableciéndose el aumento en un 20%

Concluye quien aquí juzga, que existe un claro abandono del proceso y una pérdida de interés en proseguir con el juicio, es por ello que este Tribunal en base al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 Ejusdem y en base a lo antes expuesto; por cuanto la perención opera de pleno derecho, es de orden público, irrenunciable por las partes y por cuanto hasta la presente fecha no consta en autos la intimación de la parte demandada, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y por ende la extinción del proceso en la presente causa y así formalmente se decide.