En orden a las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana María Teresa Castillo Flores, mediante diligencia presentada en fecha 3 de mayo de 2005. SEGUNDO: Fija la obligación alimentaria que debe pagar el ciudadano, Francisco Antonio Calderón Carrillo, en beneficio de sus hijos Francisco José y Jimel Jesús Calderón Castillo en la cantidad de Bs.150.000,00 mensuales, más una (1) cuota adicional de Bs. 200.000,oo en el mes diciembre, para gastos de fin de año. Dichas cantidades deberán ser descontadas directamente de la nómina del obligado, para lo cual el Tribunal de la causa deberá oficiar al Patrono. TERCERO: Queda así MODIFICADA la.....

En orden a las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declara el decaimiento de la acción y en consecuencia, la extinción de la misma en el presente procedimiento instaurado por la ciudadana María Cilenia Moros de Rodríguez asistida por la abogado Diana Hinojosa de Peña con fundamento en el artículo 171 del Código Civil.

No obstante, el referido apoderado no manifestó las causas o motivos que pudieren justificar su inactividad o desinterés en la acción propuesta, en razón, de que la última actuación de la codemandada sociedad mercantil Urbanización La Cordera S.R.L., se remonta como antes se dijo al año 1985, por lo que su aptitud denota un marcado desinterés procesal para impulsar el proceso a fin de lograr la tutela judicial efectiva. Conforme a lo expuesto, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declara el decaimiento de la acción y en consecuencia, la extinción de la misma en el presente juicio incoado por la abogada Chrysa Chimaras de Mijares, actuando por sus propios derechos contra el ciudadano Luis Alfredo Márques Soriano y la sociedad mercantil Urbanización La Cordera S.R.L., representada por el ciudadano Oscar José Colmenares Tovar, por cobro de bolívares.

En orden a las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, la apelación interpuesta por el codemandante, ciudadano Jorge Augusto Omaña Arellano, asistido por la abogada Dianela Calderón Briceño, mediante diligencia de fecha 04 de marzo de 2005. SEGUNDO: REPONE LA CAUSA al estado de que el a quo dicte nueva decisión sobre la procedencia de la cuestión previa opuesta por la parte demandada, es decir la caducidad de la acción, para la cual deberá verificar la existencia de los supuestos fácticos correspondientes a la misma, de acuerdo a los elementos existentes en autos, analizando los alegatos de las partes. TERCERO: REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera .....

Por los razonamientos expuestos este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR, la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandante mediante diligencia de fecha 29 de marzo de 2005. SEGUNDO: CONFIRMA el auto de fecha 22 de marzo de 2005, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que negó la medida de embargo por no haberse cumplido simultáneamente los extremos previstos en el artículos 585 del Código de Procedimiento Civil., en concordancia con lo dispuesto en el ordinal primero del artículo 588 eiusdem.