Pese a los trámites de notificación del ciudadano RUBÉN ALIRIO VAQUERO CARRILLO, éste no compareció al órgano jurisdiccional en las debidas oportunidades. En consecuencia, los actos ejecutados, no solo cumplieron el principio de legalidad y finalidad, confiriéndole plena validez al acto de remate celebrado, sino que además, garantizó el derecho a la defensa del ciudadano RUBÉN ALIRIO VAQUERO CARRILLO, en su carácter de co-propietario del 50% de las mejoras restantes del inmueble, todo este llamamiento fue a petición del apoderado actor, aclarando que el ciudadano RUBÉN ALIRIO VAQUERO CARRILLO no fue parte del presente expediente. Por todo lo antes expuesto, es forzoso para éste jurisdicente DECLARAR IMPROCEDENTE las solicitudes de reposición de causa, nulidad de acto de remate y medida innominada; formuladas por el ciudadano RUBÉN ALIRIO VAQUERO CARRILLO, con cédula de identidad No. V-9.186.786, actuando a través de su apoderada judicial abogada MÓNICA OCHOA NIETO, en el escrito.....

De la norma y doctrina anteriormente indicada, se evidencia claramente que el objeto de la pretensión sobre el cual versa la demanda que interpone el accionante, debe identificarse con exactitud, y en caso de ser bienes muebles los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad. En el presente caso, se evidencia claramente que la parte actora en su escrito libelar señala diferentes bienes muebles sin identificar su identidad, particularidad, sus características propias tales como: marca, color, serial, si lo hubiere en cada uno de los casos, y al presentar escrito de subsanación de la cuestión previa se evidencia claramente que pretende subsanar la cuestión previa opuesta alegando – a su decir- que la parte demandada tiene en su poder las facturas de los demás bienes muebles mencionados en la demanda, y subsana solo la particularidad e identidad de algunos bienes de los cuales debe subsanar todos los indicados en la demanda. (Subrayado propio del Tribunal) .....

EL TRIBUNAL EJECUTOR DE MEDIDAS DECLARA CUMPLIDO EL DESALOJO ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE LA CAUSA

Por todos los razonamientos antes expuestos y en virtud de las probanzas en el presente juicio, este Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda interpuesta, por el Ciudadano JOSE DANIEL YEPES GONZALEZ, colombiano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° E-81.741.855 y de este domicilio, en contra de la Ciudadana CARLINA CASTILLO ORTIZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.179.564 y de este domicilio, consecuencia se condena a: PRIMERO: Se declara la nulidad de venta sobre un lote de terreno, alinderado así: NORTE: Que es su frente con la calle pública, mide quince metros (15 Mts); SUR: Terrenos que son o fueron de Nicolás Pabón Carrillo, mide quince metros (15 Mts); ESTE: Terrenos que son o fueron de Nicolás Pabón Carrillo, .....

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: 1°: Con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, interpuso la ciudadana Gladys Esperanza Gañan Pernía, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad n.° V- 9.466.933 contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación. 2°: Se condena al Ministerio del Poder Popular para la Educación a pagar la cantidad de Bs. 42.941,28. 3° No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, DECLARA: 1°: Desistido el procedimiento por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoado por la ciudadana Carla Carolina García Morales, venezolana, mayor de edad, con cédula n.º V.-16.612.018, en contra de la empresa sociedad mercantil Palermotel C.A.. 2°: No se condena en costas de conformidad al artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, DECLARA: 1º: Con lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales, interpuso José Tomás López, en contra de la Alcaldía del Municipio Independencia del Estado Táchira. 2°: Se condena a la demandada a pagar la cantidad total de Bs. 91.496,73. 3°: Se condena en costas por haber vencimiento total de conformidad con el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

"...Este Juzgado vista la precedente exposición la acuerda en conformidad en consecuencia se procede a dejar constancia de los particulares señalados en el Escrito de Inspección Judicial de la siguiente manera: Al PRIMERO: Este Juzgado obser..."

DISPOSITIVO En consecuencia este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: SE ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN de la Fiscalía del Ministerio Público en contra del imputado EDUARDO JESSI ORDOÑEZ PEREZ, de nacionalidad Venezolano, natural de San Cristóbal, estado Táchira, nacido en fecha 11/07/1.984, de 28 años de edad, titular de la cédula de la cédula de identidad N° V-17.287.306, soltero, profesión u oficio Albañil, hijo de Tahis Xiomara Pérez (v) y de Jairo Ordóñez (v), con residencia en Barrancas, Parte Alta, Calle Táchira, con prolongación Bolívar, casa N° 3-16, Municipio Cárdenas, estado Táchira.,, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO A TITULO DE AUTOR, previsto y sancionado en el articulo 277 y 83 del Código Pen.....

este Tribunal Superior, acuerda de conformidad. En consecuencia, manténgase en este despacho el presente expediente por el término de diez (10) días contínuos contados a partir del día siguiente al de hoy, con la advertencia que vencido dicho lapso, se remitirá al Tribunal Supremo de Justicia, formalizado o no el recurso de casación