En base a lo anteriormente expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA del ciudadano penado FRANK RIVERA SANCHEZ, quien dijo ser de nacionalidad Venezolana, Natural de Mérida, Estado Mérida, y titular de la cedula de identidad Nro. V.-15.031.290, plenamente identificado en autos, en virtud de haberse dictado sentencia absolutoria a su favor, en fecha 26 de Octubre de 2011, de la imputación efectuada en su contra por el Ministerio Público, por la comisión del delito de DISTRIBUCION ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme a la ciudadana penada JUANA IRIS BAUTISTA DAVILA, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, Natural de San Antonio del Táchira Estado Táchira, y titular de la cédula de identidad Nro. V- 16.694.876, plenamente identificado en autos, conforme a lo previsto en los artículos 479 encabezamiento en concordancia con el artículo 482 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCIÓN DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme la ciudadana penada NADIA ALMEIDA MARTINEZ, dijo ser de nacionalidad Dominicana, natural de Samaná República Dominicana, (INDOCUMENTADA) plenamente identificado en acta, conforme a lo previsto en los artículos 479, encabezamiento, en concordancia con el 482 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de APODERAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA USURPAR IDENTIDAD y FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIOS PUBLICO, previstos y sancionados en los artículos 319 y 320, ambos del Código Penal.