Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECIDE: UNICO: DECLARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL REGIMEN, impuesto al ciudadano: BONILLA DOMINGO ALBERTO, por el delito de: LESIONES CULPOSAS GRAVES, y en consecuencia se decreta LA EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL derivada de la comisión de tal hecho punible, y su LIBERTAD PLENA, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal. Remítase el presente expediente al Archivo Judicial de este Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en virtud de la terminación total del proceso penal, y déjese copia del presente auto para el archivo del Tribunal, se notifica a las partes. Líbrese Oficio y regístrese.....

INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

HOMOLOGADA

DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 1 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, con fundamento en el aparte primero del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD a favor del acusado BARTOLOMÉ MOLINA LEÓN, quien es: venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.977.972, nacido en fecha 25-11-1977, hijo de ROSA CRISTINA SIFUENTES CHACÓN y PABLO LEÓN MOLINA, soltero, de oficio vendedor de verduras en el mercado, residenciado en el Barrio Ayacucho calle 06, casa número 05, de Colón, Municipio Ayacucho del Estado Táchira, de conformidad con lo previsto en el artículo 256, numerales 3, 4, y 6, y 260 del Código Orgánico Procesal Penal, bajo las siguientes condiciones: 1.- Presentación .....

En este estado el Tribunal declara legalmente EMBARGADOS PREVENTIVAMENTE los bienes muebles antes señalados por la parte actora, y en consecuencia declara la DESPOSESIÒN JURIDICA de los mismos, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 536 del Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: Declara CON LUGAR la presente demanda de DIVORCIO, incoada por el ciudadano JOSE OBERTO MEDINA MONSALVE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.234.807, en contra de la ciudadana DELFINA GALVIZ LOPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.103.300 de conformidad con lo señalado en el artículo 185 numeral 2do del Código Civil, en virtud de lo cual queda disuelto el vínculo conyugal contraído entre los referidos ciudadanos, mediante Acta N° 56 de fecha 14 de Febrero de 1.987, expedida por la Prefectura del Municipio la Concordia del Estado Táchira.

DE LA HOMOLOGACIÓN Vista la transacción que corre inserta al folio sesenta y ocho (f. 68) del presente expediente suscrita entre las partes Abogado JOSÉ RUFO CONTRERAS, actuando en este acto con el carácter de demandante y NUBIA ESPERANZA GÓMEZ GARCÍA, en su condición de parte demandada y MARIBEL DEL ROSARIO PULIDO CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 10.178.741, domiciliada en la Aldea El Pabellón, Municipio Fernández Feo del Estado Táchira, debidamente asistida por el abogado DOUGLAS ALBERTO BARBOZA FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.143.064, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 28.451. En consecuencia y por cuanto la misma no es contraria a derecho y versa sobre los derechos disponibles, este Juzgado de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte HOMOLOG.....

En mérito a las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones Constitucionales, Legales y Jurisprudenciales, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, actuando como Tribunal Constitucional, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Declara Inadmisible la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por los ciudadanos Marisol Vanegas Cárdenas, Edy Luzmila Cachón Carrillo, Nelly Marisol Paz, José Ignacio Jaimes Jaimes, Ruth Estela Parra, Mireya Josefina Leal Barrientos, Damarys Salinas, Ana Judith Álvarez, Socorro Gómez, Hender Alfredo Martínez, Inés Maria Siso, Rosa Albina Flores, Waldo Gerson Ramírez Mojica, Blanca Nubia Grisales, Luz Maria Soto, Javier Jaimes Niño, Bonifacio Oviedo Landines, Blanca Monterrey, Diarme Ordóñez, Demian Alfonso Medina, Francisco José Hurtado Villar, Paulo Enrique Somaza Cachón, Norma Eglee Nieto Castro, Carmen Teresa Jaimes, Gra.....

este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede civil, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por COBRO DE BOLÍVARES, TRAMITADO POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, ha instaurado el ciudadano EDUARDO SANTANA MEDINA, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-1.135.228 y de este domicilio, en su carácter de ACREEDOR, contra el ciudadano SALVATORE NAPPI FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.683.328 y de este domicilio, en su carácter de DEUDOR. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso. A tenor de lo estipulado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas. De conformidad con lo previsto en el artículo 251 eiusdem, NOTIFÍQUESE de la presente decisión a la p.....

PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada María Cristina Vega Uribe con el carácter de apoderada de la parte actora, mediante diligencia de fecha 15 de abril de 2005. SEGUNDO: NIEGA por improcedente la solicitud formulada por la abogada María Cristina Vega Uribe, apoderada judicial de la parte actora, en el sentido de que se efectúe el cálculo de las costas de la ejecución en el presente procedimiento. Igualmente, NIEGA la solicitud formulada por la mencionada abogada en relación a la fijación de una suma de dinero a pagar por los ejecutados para continuar ocupando el inmueble embargado hasta el remate. TERCERO: Queda CONFIRMADA con diferente motivación la decisión dictada por la Juez Unipersonal N° 5 Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de fecha 29 de marzo de 2005.