DECLARA QUE NO HAY LUGAR A LA REVISIÓN del recurso de apelación interpuesto por los Abogados IGOR DAVID MARTINEZ y DAVID ALBERTO MOYA, en su carácter de Defensores Privados en contra de la decisión dictada en fecha 13 de Agosto de 2012, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, en la que decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano JAIME ENRIQUE TORRES MARIN, por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en virtud que la causa principal seguida al encausado fue concluida mediante Sentencia Condenatoria definitivamente firme.

PRIMERO: CONFIRMA la decisión dictada en fecha 21 de diciembre de 2012, por Juzgado Primero de Primera Instancia con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer en Función de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual DECLARO SIN LUGAR la solicitud de decaimiento de medida de coerción personal interpuesta por la defensa de los ciudadanos OSCAR JOSE TERAN SANCHEZ y GUIBER GREGORIO GARMENDIA SANCHEZ, titulares de las cédulas de identidad N° (s) V-17.954.888 y 22.212.336 respectivamente, por cuanto los supuestos del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, no resulta aplicable al presente caso. SEGUNDO: Se ORDENA al Juzgado A-quo que deberá celebrar de forma inmediata la audiencia de juicio oral en la presente causa. Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la Defensora Pública Quinta Penal de esta misma Circunscripción Judicial.

DECLARA QUE NO HAY LUGAR A LA REVISIÓN del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN AUDEX GUEVARA, en su carácter de Defensor Público Segundo de Responsabilidad Penal de Adolescentes en contra de la decisión dictada en fecha 30 de Junio de 2012, por el Juzgado Primero de Control Sección Adolescentes de este Circuito Judicial Penal, en la cual le decretó al Adolescente IDENTIDAD OMITIDA la Detención Judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en virtud que la causa principal seguida al encausado fue concluida mediante sobreseimiento definitivo.