En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCIÓN DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme al ciudadano penado OBISPO REYES FRANCISCO ANTONIO, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, y titular de la cédula de identidad número V- 5.573.802, plenamente identificado en acta, conforme a lo previsto en los artículos 479, encabezamiento, en concordancia con el 482 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 405, en relación con el artículo 82 del Código Penal y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 282 ejusdem

PRIMERO. ADMITE del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana TIBISAY VERA VARELA en su carácter de Defensora Pública Tercera con Competencia Especial en Materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, en contra de la decisión dictada en fecha 09 de Mayo de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Sección de Adolescente de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual DECRETO LA DETENCION JUDICIAL PREVENTIVA del joven adulto IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano que en vida respondiera al nombre de JOSE RAMON PANTOJA al estar llenos los extremos legales que al efecto exige el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal que se aplica por remisión expresa del artículo del 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. S.....

Sobre la base de los fundamentos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SU INCOMPETENCIA PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO, y en consecuencia DECLINA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA en el Tribunal de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Todo de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 2011-0057 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y en los artículos 64 y 77 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sobre la base de los fundamentos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SU INCOMPETENCIA PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO, y en consecuencia DECLINA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA en el Tribunal de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Todo de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 2011-0057 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y en los artículos 64 y 77 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sobre la base de los fundamentos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SU INCOMPETENCIA PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO, y en consecuencia DECLINA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA en el Tribunal de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Todo de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 2011-0057 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y en los artículos 64 y 77 del Código Orgánico Procesal Penal.