Con lugar la acción de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

PRIMERO: MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD DECRETADA AL CIUDADANO FERNANDO PINZÓN, de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 19-01-1977, de 29 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-14.417.428, con última residencia conocida en la calle 1, Nº 13-59, La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira, por la presunta comisión del delito HURTO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, tipificado en el artículo 454, numeral 8, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal. SEGUNDO: Se fija la celebración de la Audiencia Preliminar para el día Viernes, 04 de noviembre de 2005, a las nueve de la mañana, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, a la cual quedan debidamente las partes asistentes

PERENCION DE LA INSTANCIA

por cuanto se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACION y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil; por cuanto en la presente causa.

Se declaro con lugar, se fijo la Obligación Alimentaria en la cantidad de 80.000,00 bolívares mensuales. las mismas cantidades en los meses de septiembre y diciembre

Por todos los razonamientos antes expuestos y en virtud de las probanzas en el presente juicio, este Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por JUAN ALBERTO VARELA ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad No. 9.336.469, contra HENRY ALFONSO DUARTE GELVIZ, titular de la cédula de identidad No. 11.493.814. En consecuencia se condena a la parte demandada a: PRIMERO: pagar la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.800.000,oo), dados en abono por la venta del vehículo, que deben ser previamente indexados mediante experticia complementaria de este fallo, en la forma ya señalada. De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida.

En razón de los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de la Fiscalía Decimonovena del Ministerio Público y en consecuencia DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, con lo cual queda extinguida la acción, a favor del adolescente IDENTIDAD OMITIDA ARTÍCULO 545 DE LA LOPNA conforme a lo previsto en el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con los artículos 318 numeral 3º y 48 numeral 8º, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes y remítanse las presentes actuaciones al Archivo Judicial una vez quede firme la presente decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia .....

JUZGADO DEL MUNICIPIO PEDRO MARÍA UREÑA, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, a tenor de lo pautado en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su HOMOLOGACIÓN otorgándole su aprobación. En consecuencia se procede como en SENTENCIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA, conforme a lo solicitado por las partes, se acuerda: Dar por terminado el juicio. Regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal. La Jueza Suplente Nelitza Nazaret Casique Mora.- El secretario, José Rafael Jaimes.- En esta misma fecha previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la anterior sentencia.- El secretario.

Procedente la oferta real de pago realizada por el ciudadano OSCAR GERARDO PEREZ PEÑA, , al ciudadano JOSE ABELARDO DIAZ GARCIA, y consecuencialmente VÁLIDOS LA OFERTA Y EL DEPOSITO efectuado. SEGUNDO: QUEDA LIBERADO el ciudadano OSCAR GERARDO PEREZ PEÑA, desde el día 09 de marzo de 2005; fecha en que consignó la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00), mediante cheque de Gerencia Nº 72054174. TERCERO: Conforme al artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, entréguese al ciudadano JOSE ABELARDO DIAZ GARCIA, las siguientes cantidades: 1.- DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00), que comprende el capital adeudado. 2.- TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00), por concepto de interés legal calculado al 3% anual, desde el 14 de abril de 2004 al 14 de abril de 2005, ambas fechas inclusive. 3.- DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLIVARES CON 48/100 (Bs. 296.451,48), por concepto de intereses devengados por la cantidad de DIEZ MIL.....

Se DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a tenor de lo dispuesto en los ordinales 1º, 2º y 3º del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano DINO HERNAN NEGRON DA ROCHA, de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 13-11-1971, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.468.646, de 33 años de edad, casado, residenciado en la Hacienda Miraflores, propiedad de Alfredo Pardi, Kilómetro 40, sector el gallinazo, carretera el Guayabo encontrados, Estado Zulia; por la presunta comisión del delito de TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PRECURSORAS PARA LA PRODUCCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Novísima Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano