En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal, en Funciones de Control Dos, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Le ley, resuelve: Único: Declara inadmisible la acción interpuesta por el abogado GERARDO AUGUSTO NIEVES PIRELA, actuando como apoderado del ciudadano ANASTACIO ROSALES ROSALES, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: Declara con lugar la solicitud presentada por el Fiscal Superior del Ministerio Público; de conformidad con el numeral tercero del artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Decreta Medida de Protección para la ciudadana HINOJOSA NOGUERA JULANY BETHZABETH, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 13.709.742, domiciliada en Pirineos, Lote H, Vereda 1, casa 1-25, San Cristóbal, Estado Táchira, consistente en la restitución de la víctima a su residencia, con la salida del inmueble del ciudadano JOHNNY GABRIEL AÑEZ CADENAS, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 12.814.792. Asimismo, la asignación de un funcionario de la Dirección de Seguridad y Orden Público, a fin de custodien permanente.....

Por los razonamientos antes expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA, presentada por la ciudadana ABG. REINA ELIZABETH ZAMBRANO PÉREZ, en su carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público, por cuanto existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Remítanse las actuaciones a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, en la oportunidad legal correspondiente.

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra del ciudadano JOSE GERARDO CORTEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 5.654.374, por la comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra La Mujer y La Familia, en perjuicio de Guillermina Pinto Contreras; de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 3°, del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra del ciudadano OMAR ALBERTO GARCIA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 10.161.312, por la comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra La Mujer y La Familia, en perjuicio de María Esther Villamizar Ramírez; de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 3°, del Código Orgánico Procesal Penal.