Se dicto sentencia mediante el cual se declaro improcedente la medida cautelar periculum in mora solicitada por la parte demandante.

En virtud de lo anteriormente expuesto ESTE TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE la acusación formulada por el ABG. GUSTAVO GONZALEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en contra de los ciudadanos IBRAHIM JOSE BRIZUELA ROJAS, EVELIN ROJAS DE BRIZUELA, MARLLORY SILVA LOPEZ, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el ultimo aparte del artículo 31 de la Ley Especial de Drogas, y en consecuencia ORDENA la apertura al Juicio Oral y Público de los mismos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: ADMITE las pruebas ofrecidas por la Vindicta Pública en.....

Se dicto auto mediante el cual, se admite la presente demanda. Asimismo, se ordena librar cartel de notificación a la parte demandada, a los fines de que tenga lugar la audiencia preliminar.

Se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Décimo del Ministerio Público, Abogado JAVIER MARCANO LOZADA, en contra de la decisión dictada en fecha 05 de Diciembre de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le impuso al imputado: ANTONIO JOSE PEÑA GUERRERO, Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad de las establecidas en el articulo 256 numerales 3°, 5° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se ADMITE el escrito de contestación Interpuesto por la defensa en tiempo hábil.

DECLARA CON LUGAR la acción de Restitución de Guarda sobre el niño XXXXXXXXX de cinco (05) años de edad, incoada por la ciudadana AGUILERA AZOCAR YANETH LISBETH, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-13.852.257, en contra de los ciudadanos ANCELMO RANGEL Y BETTY PINCAY, venezolano y extranjero, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-8.043.971 y E-81.885.901 respectivamente, a quienes SE CONMINAN para que restituya a la madre en la custodia y vigilancia sobre su hijo, de manera inmediata, de conformidad con el artículo 390 ibídem.

éste Tribunal la admite de conformidad con lo previsto en el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y al Artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Tribunal comitente: Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Regimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripcipón Judicial del Estado Vargas. Exp. N° 10.616. Devuelta sin cumplir por falta de impulso procesal.

NIEGA la medida preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar y embargo de bienes muebles solicitada por la parte actora, Ciudadano SIXTO ROMERO, por cuanto no se encuentran llenos los extremos de ley.

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés de los peticionantes en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud. ASÍ SE DECIDE.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ORDENA LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA, interpuesta por la ciudadana RAMIREZ DE MONASTERIOS EGLEE, titular de la cédula de identidad Nº 3.892.575, toda vez, que los hechos denunciados en contra de la ciudadana, ALONZO DE UZCATEGUI URSULA MIGUELINA, constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal.