Por los razonamientos expuestos anteriormente, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede civil, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTO PRIVADO, ha instaurado la ciudadana NORMA YANET ZAMBRANO DE GRATEROL, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad Nº V-2.763.818 y de este domicilio, en su carácter de COMPRADORA, contra el ciudadano FREDDY OMAR ZAMBRANO ARELLANO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-2.814.625 y de este domicilio, en su carácter de VENDEDOR. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso. A tenor de lo estipulado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas. De conformidad con lo previsto en el artículo 251 eiu.....

ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por DESALOJO Y COBRO DE BOLÍVARES PROVENIENTES DE CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, ha instaurado la sociedad mercantil TRANSPORTE COROMOTO C.A., de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 13/11/1987, bajo el N° 07, tomo 44-A, en su carácter de ARRENDADORA, representada por su presidente, ciudadano LUIS ERNESTO RINCÓN RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-189.958 y de este domicilio, contra el ciudadano ISIDRO ARCINIEGAS CASIQUE, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-3.996.268 y de este domicilio, en su carácter de ARRENDATARIO. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso. A tenor de lo estipulado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas. De conformidad con lo previsto en el artículo 251 eiusdem, NOTIFÍQUESE de la presente dec.....

Por los razonamientos expuestos anteriormente, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede mercantil, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ha instaurado la empresa INMOBILIARIA SANTA MÓNICA S.R.L., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 18-03-1977, bajo el Nº 14, tomo 14-A, con posteriores reformas, en su carácter de ARRENDATARIO, a través de su representante, ciudadano VÍCTOR JULIO BARRIENTOS CASTIBLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.547.523, abogado e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7358, contra el ciudadano RAMÓN EDUARDO TRUJILLO ARAUJO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.890.94.....

Por las razones que anteceden, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Resuelve: Le decreta una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad, a los imputados, LUIS FERNANDO AVILA CHAVEZ, venezolano, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nr. 15.503.694; MARCOS ANDERSON MUÑOZ ORTEGA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nr. 15.881.376, de conformidad con el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese la presente decisión y emítase la correspondiente boleta de libertad.

Por las razones que anteceden, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Resuelve: Le decreta una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad, al imputado DENNYS ENRIQUE PIRELA CASIQUE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nr. 17.386.903, consistente en presentarse cada 30 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con el artículo 256, ordinales 3° del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese la presente decisión y emítase la correspondiente boleta de libertad.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 579 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, procede a dictar el siguiente auto de enjuiciamiento: En virtud de los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de conformidad con lo previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el literal ¿f¿, del artículo 578 ibídem, decide: PRIMERO: De conformidad con el literal ¿a¿, .....

SE llevó a efecto la notificación a la administradora del centro Latino, donde el Tribunal de protección del Niño y del adolescente de esta Circunscripción Judicial dejó sin efecto Medida de embargo sobre el 50% de los derechos del ciudadano Carlos Humberto Cruz camargo sobre la Acción 831 del Centro Latino. Cumplida como fue se devuelve al Tribunal Comitente.

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita de conformidad con lo establecido en el ordinal 8 del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra de BERNARDO ANTONIO RAMIREZ, por la comisión del delito de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el articulo 104 literal A, de La Ley Orgánica de Aduanas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con lo establecido en los artículos 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese de la presente decisión y vencido el lapso de ley, remítanse las actuaciones al Archivo Judicial.-

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita de conformidad con lo establecido en el ordinal 8 del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra de FRANCISCO LUIS TAMAYO BERMUDEZ Y JORGE IVAN TAMAYO, por la comisión del delito de HURTO DE BIEN MUEBLE Y LESIONES PERSONALES LEVISIMAS, previsto y sancionado en los artículos 453 y 419 del Código Penal, en perjuicio del niño LUIS CARLOS PAEZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita de conformidad con lo establecido en el ordinal 8 del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra de JARP MULHIM, por la comisión del delito de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el articulo 104 literal A, de La Ley Orgánica de Aduanas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con lo establecido en los artículos 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal.