En consecuencia, se ordena la apertura del juicio oral y público en la presente causa seguida en contra del ciudadano GUILLERMO JOSE LEAL ARTIGAS, por su presunta participación en la perpetración del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON PREMEDITACION Y ALEVOSIA previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1º del Código Penal.

El Tribunal acuerda de conformidad con lo solicitado y ordena la expedición de la copia mecanografiada certificada de la solicitud signada con el N° 1085-91, del Asiento N° 11, del Libro Diario, Tomo XV, año 1991, de fecha 25-10-1991, Folio 147, Pág. 293, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.-

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme a la ciudadana penada JUANA IRIS BAUTISTA DAVILA, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, Natural de San Antonio del Táchira Estado Táchira, y titular de la cédula de identidad Nro. V- 16.694.876, plenamente identificado en autos, conforme a lo previsto en los artículos 479 encabezamiento en concordancia con el artículo 482 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCIÓN DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme la ciudadana penada NADIA ALMEIDA MARTINEZ, dijo ser de nacionalidad Dominicana, natural de Samaná República Dominicana, (INDOCUMENTADA) plenamente identificado en acta, conforme a lo previsto en los artículos 479, encabezamiento, en concordancia con el 482 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de APODERAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA USURPAR IDENTIDAD y FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIOS PUBLICO, previstos y sancionados en los artículos 319 y 320, ambos del Código Penal.