Se DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA OPOSICIÓN formulada por el ciudadano WILMER JOSÉ GUZMÁN GONZÁLEZ, parte demandada, mediante apoderado judicial RAIMUNDO ORTA POLEO, RAYMOND ORTA MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO CALANCHE BOGADO, INDIRA MOROS RESTREPO, MARÍA DE LOS ANGELES PÉREZ NUÑEZ e IRENE VICTORIA MORILLO LÓPEZ, todos anteriormente identificados, sobre los siguientes bienes: 1) Las cuentas bancarias. 2) Dos (2) VEBONOS depositados, en la subcuenta de valores números V0000000006486189, identificado con el Nº 022006 EMI. 28/12/2001, por el Ministerio de Finanzas de la Caja Venezolana de Valores, S.A., el primero por la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLIVARES (Bs.2.257.540), actualmente (Bs. F. 2.257,54), saldo al cierre de Febrero de 2002, el segundo identificado con el Nro. 072005 EMI. 28/12/2001, por la cantidad de DOS MILLLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLIVARES (Bs. 2.257.540), actualmente (Bs.F. 2.2.....

Se declara: SIN LUGAR, la presente acción contentiva de la demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoada por la ciudadana MARITZA DE LOS ANGELES PLACENCIA DE SUÁREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V-6.490.458, contra la Sucesión de MANUEL VICENTE SANOJA (fallecido). Así se establece. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte actora por haber resultado totalmente vencida, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

Se imparte HOMOLOGACIÓN de la Tranasacción solicitada, dando así por cumplido el fallo proferido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha 9 de Febrero de 2007, razón por la cual otorga el más amplio finiquito. Así se establece.

Este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".