Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud interpuesta por los Defensores Privados de la acusada MIRELLA MARGARITA CORDERO NARVAEZ, en el sentido que se le imponga a su defendida una medida menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, 244 y 264 todos del Código Orgánico Procesal Penal, Igualmente se NIEGA, la solicitud de separación de causas incoada por la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 ejusdem.

Este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: NIEGA la solicitud interpuesta por el Dr. GILBERTO PIÑERO, en su carácter de Defensor Público de los acusados MELVY FRANCISCO CALDERON Y BRAULIO ANTONIO LEÓN CASTILLO, identificados al inicio de la presente, en el sentido que, le imponga a los referidos ciudadanos una medida cautelar menos gravosa contemplada en el artículo 256, ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la concesión de la misma, es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 243, 244, 251, parágrafo primero y 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara con lugar la solicitud incoada por el Abg. MARLON MARTÍNEZ, en su carácter de defensor de confianza del acusado JUAN RAFAEL MALAVE BLANCO y en consecuencia ACUERDA EXTENDER LAS PRESENTACIONES PERIODICAS ANTE ESTE TRIBUNAL al antes mencionado ciudadano, cada TREINTA (30) DÍAS, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.