declara la separación de cuerpos y de bienes en DIVORCIO de los ciudadanos MANRIQUE GONZALEZ RODOLFO ANTONIO y MARIANA DEL CARMEN ARIAS CASTRO, plenamente identificados, en consecuencia queda disuelto el vínculo conyugal contraído entre ellos por ante la Prefectura de la Parroquia Pedro María Morantes del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en fecha 20 de julio de 2000, según consta en el Acta de Matrimonio Nº 128. Liquídese la comunidad conyugal si hubiere lugar a ello

DECLARA CON LUGAR, el divorcio por RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMUN de los ciudadanos: MANRIQUE OTALORA CARLOS ARTURO y SALAS ROMERO CARMEN FELISA, de las características dichas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil. En consecuencia queda disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos por ante la Prefectura del Municipio Bolívar del Estado Táchira, en fecha 15 de julio de 1965, según consta del Acta de Matrimonio Nº 222. Liquídese la comunidad conyugal si hubiere lugar a ello.

DECLARA CON LUGAR, el divorcio por RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMUN de los ciudadanos: SERRANO MATAMOROS JESUS SALVADOR y ANA ESTHER PICO SANCHEZ, de las características dichas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil. En consecuencia queda disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos por ante el Juzgado del Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira, en fecha 15 de junio de 1989, según consta del Acta de Matrimonio Nº 357. Liquídese la comunidad conyugal si hubiere lugar a ello.

DECLARA CON LUGAR, el divorcio por RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMUN de los ciudadanos: CHACON ROA JOSE BENEDICTO y SUSANA SANCHEZ CARDENAS, de las características dichas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil. En consecuencia queda disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos por ante la Prefectura de la Parroquia San Sebastián del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en fecha 20 de marzo de 1992, según consta del Acta de Matrimonio Nº 34. Liquídese la comunidad conyugal si hubiere lugar a ello

Por las razones antes expuestas, TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL N° 2 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACION presentada por el Ministerio Publico en contra del acusado los acusados JORGE ENRIQUE ATUESTA SILVA, y ANA IRIS RAMIREZ CASTELLANO; por la comisión de los delitos de COAUTORES DEL DELITO DE OCULTAMIENTO DE ARMA DE GUERRA, previsto y sancionado en el artículo 275 del Código Penal, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 472 del Código Penal; de conformidad con lo establecido en el artículo 330 ordinales 2º y 9º del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: SE ADMITEN PARCIALMENTE LAS PRUEBAS referidas a: Testimoniales de: José Villalobos, Jesús Ramírez, Wixter Lobo, Jimmy Cáceres, G.....

En consecuencia este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DE LA SECCION DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, decreta el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de la presente causa a favor del adolescente (Identidad Omitida Art. 545 Lopna); a quien se le investiga por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado, previsto en el artículo 452 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ISABEL TERESA de conformidad con lo establecido en el literal ?e? del artículo 561 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescentes. Notifíquese de la presente decisión a las partes y en su oportunidad legal, remítase las presentes actuaciones con oficio a la Fiscalía Decimoséptima del Ministerio Publico, a los fines legales correspondientes. REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. ABG. NINA YUDERKYS GUIRIGAY MÉNDEZ. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL PR.....

Ahora bien, aplicando las normas constitucionales antes descritas a la ¿perención¿, consagrada en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se observa que, las partes están en la obligación de impulsar el procedimiento, en el presente caso este Juzgado cumplió con su obligación de admitir la demanda y librar exhorto al Juzgado Primero del Municipio Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los fines de lograr la citación del obligado, siendo efectiva la citación del mismo; al no constar en autos la capacidad económica del obligado, el Tribunal procede a determinar la misma a través de un medio idóneo, siendo este medio, ordenar librar un oficio solicitando el monto del salario devengado por el demandado, información que no se pudo lograr debido a que el obligado fue dado de baja; a los efectos de proseguir la causa, se procedió a notificar a la demandante, para que comparezca en lapso de cinco (5) días compareciera y manifestara su interés en .....

"...este JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA..."

DECLARA UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS de la fallecida MARIA LIUVA DELGADO VARGAS, quien en vida fuera venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 5.730.034, a la ciudadana DAYANA KATHERINE BARBOZA DELGADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.720.925, a la adolescente DANIELA JESUS CONTRERAS DELGADO, titular de la cédula de identidad Nº V- 19.036.951 y la niña DANNIA DESIRETH CONTRERAS DELGADO, respectivamente

ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Lourdes Becerra Montiel, defensora del adolescente A.L.A.V, en la que denuncia la violación de los artículos 46, 49, 55 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y las reglas 11, 31, 32, 33, 34, 35, 47, 49 de las reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores privados de Libertad, por parte del abogado José Antonio Pardo, Juez de Primera Instancia en Funciones de Ejecución, de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente, de este Circuito Judicial Penal.