ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el abogado GILBERTO PIÑERO, en su carácter de Defensor Público Décimo Séptimo del ciudadano ANGEL MIGUEL URBINA GONZALEZ, contra la decisión de fecha 30 de mayo de 2011, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en la cual DECRETO MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD al ciudadano mencionado, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 en relación con el último aparte del artículo 82 del Código Penal, con las agravantes establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 65 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la agravante genérica establecida en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolecentes, en perjuicio de la adolecente (IDENTIDAD OMITIDA) y VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, en perjuicio de la ciudadana LINET FRANCISCA MARQUEZ CASTELLANO, previsto .....

Se dicto sentencia interlocutoria y se NIEGA la medida preventiva de secuestro solicitada por la parte actora en su libelo de demanda

Se Declara: INADMISIBLE LA DEMANDA. Así se establece.-

DECLARA CON LUGAR, la solicitud planteada por Dra. JEANNETTE SABANETA, en su carácter de defensora privada del ciudadano ROBERT JOSE RAMOS GARCIA, de nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, fecha de nacimiento 06-04-88, de 21 años de edad, hijo de Alberto Ramos y Eneida García, residenciado en La Soublette, parte alta Los Olivos, frente al Mercal, casa s/n de color amarilla, Estado Vargas, titular de la cédula de identidad No. V-20.006.327, mediante la cual requiere conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el examen y revisión la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada en contra de su representado, y en virtud de ello se le OTORGAN las medidas cautelares sustitutivas, previstas en el ordinal 3º y 8° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando en la obligación de presentar fianza personal y una vez ejecutada cumplir con un régimen de presentación de cada ocho (08) días.

SE DICTA SENTENCIA Y SE DECLARA CON LUGAR LA ACCION MERODECLARATIVA DE UNION CONCUBINARIA INTENTADA POR CARMEN CECILIA FIGUEROA GUERRERO

PRIMERO: REVOCA la decisión pronunciada y publicada en fecha 21/05/2010 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en que decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los ciudadanos ANGEL ALEJANDRO FERRER CISNERO Y ELVIS ALEXANDER ALVAREZ TORRES, y en su lugar se DECRETA su LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, por no estar satisfecho el requisito exigido en el numeral 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Se insta al Ministerio Público a continuar la investigación. SEGUNDO. Se DECLARA SIN LUGAR la solicitud de nulidad peticionada por el Abogado HENRY ALEXIS SERRANO SIVIRA.-

REVOCA la decisión pronunciada y publicada en fecha 28/05/2011 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en la que decretó la Medida de Privación Judicial Privativa de Libertad en contra del imputado BRUNO ANTONIO QUESADA, pero por la comisión del delito de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, tipificado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas y, en su lugar se IMPONE la Medida Cautelar Sustitutiva prevista en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado presentarse ante la Oficina de Presentaciones de este Circuito Judicial cada treinta (30) días, ello por encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal.

En consecuencia, a los efectos de asegurar su presencia a los subsecuentes actos del proceso, y por cuanto no han sido acreditadas nuevas circunstancias que lo favorezcan, lo ajustado a derecho es negar la sustitución de la medida cautelar por otras menos gravosas por lo que se mantiene la medida privativa de libertad del mencionado imputado, y así se decide. Sobre la base de los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda mantener la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano FREDDY JESÚS MAYORA GUERRA. Todo por estar vigentes las circunstancias que motivaron la medida cautelar sobre el recaída y conforme lo previsto en los artículos 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, a los efectos de asegurar su presencia a los subsecuentes actos del proceso, y por cuanto no han sido acreditadas nuevas circunstancias que lo favorezcan, lo ajustado a derecho es negar la sustitución de la medida cautelar por otras menos gravosas por lo que se mantiene la medida privativa de libertad del mencionado imputado, y así se decide. Sobre la base de los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda mantener la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano JESÚS ENRIQUE HERNÁNDEZ VOLCÁN. Todo por estar vigentes las circunstancias que motivaron la medida cautelar sobre el recaída y conforme lo previsto en los artículos 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal.

CONFIRMA la sentencia publicada por el Juzgado de Juicio de la sección de Responsabilidad Penal del Adolescente Circunscripcional en la que CONDENO al joven acusado IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES, en agravio de quienes en vida se llamaran RICARDO DE JESÚS BRICEÑO y NORITZA COROMOTO MORILLO PÉREZ, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal, a cumplir la medida de Privación de Libertad, por el lapso de Cinco (5) Años, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 628 parágrafo segundo, literal "a" de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.