Emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los Drs. GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ Y MARIA GEORGINA JIMENEZ BALZA, actuando en su carácter de Fiscal Titular y Auxiliar Sexto del Ministerio Público, respectivamente, en contra de la sentencia publicada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Juicio, en fecha 5 de Marzo de 2008, mediante la cual ABSUELVE al ciudadano YORDAN ANTONIO SANDREA DE FRANCA de la acusación presentada en su contra por esa Representación Fiscal por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN MENOR CUANTÍA, previsto y sancionado en el último aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. SEGUNDO: FIJA la audiencia para el día 21 de Mayo de 2008, a las 11:00 de la mañana, de conformidad con lo establecido en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal.

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Dra. CARLA QUIJANO ROMERO, en su carácter de Defensora Pública Séptima Penal de esta Circunscripción Judicial, actuando en su carácter de representante legal del ciudadano NELSON JOSE GOMEZ VELASQUEZ, en contra de la decisión dictada en fecha 8 de Abril de 2008, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, declaró con lugar la solicitud del Representante del Ministerio Público, en el sentido que se ratifiquen al ciudadano NELSON JOSE GOMEZ VELASQUEZ las MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE SEGURIDAD, tipificado en el artículo 87 en sus numerales 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y por remisión del artículo 89 ejusdem; se le impone al imputado de autos, la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, tipificado en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y.....

MITE el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública, Abogada ZARFEL BEATRIZ MONGE, en contra de la decisión dictada en fecha 14 de Marzo de 2008, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le impuso al imputado: LUIS ENRIQUE MACOTT CASTELLANO, Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 250 numerales 1°, 2° y 3°, en concordancia con el articulo 251, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los Profesionales del derecho MARCOS DIAZ SANOJA y LUIS RAUL MEJIAS PALACIOS, en su carácter de defensores de los imputados HEPDUWER RAMON BRICEÑO y JHONNY EDWIN LEDEZMA ZAPATA, en contra de la decisión dictada en fecha 11 de abril de 2008, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra de los referidos ciudadanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 250, en concordancia con los numerales 2° y 3° del artículo 251, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Se decretó el sobreseimiento definitivo de a cuerdo al art´ciulo 318 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control de responsabilidad Penal de adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la desestimación de la denuncia solicitada por la representación Fiscal en contra de los adolescentes IDENTIDAD OMITIDA, de amenazas contra su persona de conformidad con lo establecido en los artículos 301 y 302 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la protección del Niño y del adolescente.

REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, de fecha 24 de Marzo de 2008, en la que decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado LEONARDO JOSE VERA, y en su lugar ORDENA su INMEDIATA LIBERTAD, al no encontrarse acreditado el requisito exigido en el numeral 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Pena.-l

REVOCA la decisión pronunciada y publicada en fecha 05/04/2008 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en la que impuso a las ciudadanas KARLA BELEN CARRILLO VALERA y MORELLA JOSEFINA GONZALEZ YANEZ, Medidas Cautelares Sustitutivas y, en su lugar se decreta la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES de las prenombradas ciudadanas, por no encontrarse lleno el requisito exigido en el numeral 2 del artículo 250 del Texto Adjetivo Penal.

CON LUGAR la solicitud de Régimen de Convivencia Familiar, interpuesto por la ciudadana EDITH DEL SOCORRO SOLANO CARRILLO, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-23.227.306, en su carácter de madre de los niños y de la adolescente XXXXXXXXXXX, de nueve (09), once (11) y catorce (14) años de edad respectivamente, contra el ciudadano AVIS MANUEL TINOCO FUENTES, colombiano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N°.E-81.875.720. En tal sentido, en atención al interés superior del niño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

En base a lo anteriormente descrito, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta LA REFORMA DE OFICIO DEL COMPUTO DE PENA realizado por este tribunal en fecha 11 de Marzo de 2008, específicamente en cuanto a la fecha que puede optar el ciudadano JOSE GREGORIO ARDILA ZAMBRANO, antes identificado, a la formula alternativa de cumplimiento de pena relativa a la Libertad Condicional, al haberse comprobado efectivamente que existe error en el mismo, siendo lo correcto aplicar lo aquí determinado. Todo ello de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal.