DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA seguida a PERSONA DESCONOCIDA, por EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL dada su prescripción, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 318 en concordancia con el numeral 8° del artículo 48, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA seguida a PERSONA DESCONOCIDA, por EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL dada su prescripción, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 318 en concordancia con el numeral 8° del artículo 48, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA seguida a PERSONA DESCONOCIDA, por EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL dada su prescripción, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 318 en concordancia con el numeral 8° del artículo 48, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA seguida a PERSONA DESCONOCIDA, por EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL dada su prescripción, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 318 en concordancia con el numeral 8° del artículo 48, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Declara, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° de los artículos 318 en concordancia con el 319 del Código Orgánico Procesal Penal, el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida a las sociedades mercantiles RUIBAL & DURAN, C.A., AMERIPACK SERVICES DE VENEZUELA, C.A. y a la GOBERNACION DEL ESTADO COJEDES, por cuanto el hecho objeto del proceso no se realizó, quedando libres de toda responsabilidad penal en cuanto al presente asunto se refiere.

PILAR DONNINA GONZALEZ VIUDAD DE CARRERO, YUMLA ANTONIO CARRERO GONZALEZ, MILDRED TIBIZAY CARRERO DE VILLARUEL, JOSE ERNESTO CARRERO GONZALEZ, IVETTE MARGARITA CARRERO GONZALEZ, ELVIS ALFREDO CARRERO GONZALEZ, YUSELA THAIS CARRERO GONZALEZ y ANTONIO RAMON CARRERO GONZALEZ, son los UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del ciudadano que en vida respondiera al nombre de ANTONIO RAMON CARRERO RAMIREZ, este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, acuerda hacer entrega de la presente a los solicitantes

1) Se declara COMPETENTE para conocer y decidir la acción de amparo constitucional interpuesta por los profesionales del derecho OVIDIO TOCUYO FORD y ELIAS OROPEZA MORA, actuando en su carácter de defensores de los ciudadanos LUIS DANIEL DE LA TORRE y ANGEL GONZALO MIGUENS, titulares de la cédulas de identidad Nros. 10.206.870 y 3.660.643, respectivamente, a quienes se les sigue juicio penal por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio Circunscripcional, por violación, según se alega, de los derechos y garantías previstos en los artículos 26, 49, numerales 1, 2 y 3, 44, numeral 1, 257, 334 y 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2) Declara IMPROCEDENTE IN LIMINIS LITIS la referida acción de amparo po.....

DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA impuesta a la ciudadana CONSUELO ROA LOPEZ por ser autora responsable del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en grado de Tentativa, mediante sentencia dictada por el extinto Juzgado Superior Vigésimo Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito federal y Estado Miranda, en fecha 28/09/92 y como consecuencia de ello su LIBERTAD PLENA, al haber operado la prescripción de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 112 ejusdem.

CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Primero de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual acordó CONDENAR al acusado LEONARDO ENRIQUE BRUZUAL, quién es de nacionalidad venezolana, natural de Monagas, de 23 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante y titular de la cédula de identidad Nro. 14.964.021, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como a las penas accesorias establecidas en la ley, conforme a los pronunciamientos del Tribunal de la primera instancia.