SE ADMITIERON PRUEBAS

Tanto la doctrina antes transcrita, como el espíritu de la norma constitucional, llevan a este sentenciador a la convicción de que en esta materia el Juez debe ser amplio en la búsqueda de una resolución definitiva, sin detenerse en formalismo que impidan una tutela judicial efectiva o una satisfacción a una pretensión dirimida en un proceso sin contención, razón por la cual estima quien aquí decide que a los fines de dictar sentencia en el caso de marras, el Tribunal ordena librar oficio a la Jefatura Civil de la Parroquia La Guaira con la finalidad de informar a este Juzgado si en sus libro de registros para nacimiento del año 1977 , se encuentra inserto o no la partida de nacimiento de la ciudadana MARIELA DEL CARMEN VILLARROEL VIZCAINO.- Así se establece. .....

SE DICTA AUTO MEDIANTE EL CUAL, venció el lapso de los cinco días para interponer apelación contra la Sentencia dictada en fecha 04/12/07, sin que las partes hayan ejercido tal derecho, el Tribunal declara definitivamente firme la decisión supra señalada y decreta su ejecución

Por las razones expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el articulo 185-A y en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos CARLOS JULIO OROPEZA GUEVARA Y MERCEDES MARLENE MORENO, contraído el día 11 de julio de 1977, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Maiquetía, Municipio Vargas, Estado Vargas.

Se declaró la falta de interes del peticionante.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo De Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: PRIMERO: SIN LUGAR la cuestión previa prevista en el ordinal 6º del artículo 346º del Código de Procedimiento Civil por no haberse llenado en el libelo los requisitos previstos en los ordinales 2° y 4° del artículo 340 eiusdem. SEGUNDO: No hay condena en costas. Así se decide.

DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme al ciudadano RONALD JOSE NOGALES CIFUENTES, arriba identificado, conforme a lo previsto en los artículos 479 encabezamiento en concordancia tonel artículo 482 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo De Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: PRIMERO: SIN LUGAR la cuestión previa opuesta prevista en el ordinal 2° del artículo 346º del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: No hay condena en costas. Así se decide.

Ante los razonamientos expuestos vista la solicitud presentada por la ciudadana JUDY CANDELARIA OLIVO, antes identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastante y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad concerniente a las mejoras edificadas sobre las bienhechurías de las cuales es titular, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio Constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros".

Ante los razonamientos expuestos vista la solicitud presentada por la ciudadana ELENA MARIA VIZCAINO DE RIVAS, antes identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastante y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad concerniente a las mejoras edificadas sobre las bienhechurías de las cuales es titular, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio Constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros".