éste TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: CON LUGAR la demanda por fijación de obligación alimentaria interpuesta por la ciudadana MARIA ANTONIA RIVERA CRUZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V ¿ 9.249.019 en beneficio de los hermanos PEREZ RIVERA en contra de los ciudadanos FERNANDO JOSE PEREZ, ANA VEIS DE BONILLA, ANA DELIA PEREZ OROZCO, FREDDY PEREZ ZAMBRANO, y ANGEL JOEL PEREZ ZAMBRANO, venezolanos, mayores de edad, con cédula de identidad el segundo y el tercero Nros. V-5.022.032 y V-12.232.694 y el último V -16.228.449. SEGUNDO: Se fija la pensión de alimentos en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) mensuales los cuales deben ser depositados los primeros cinco días de cada mes en una cuenta que se abrirá para tal fin. TERCERO: Se fija como cuot.....

Primero: Declara sin lugar la apelación interpuesta por el demandado James Edward Vanegas Ramírez, mediante diligencia de fecha 24 de noviembre de 2004. Segundo: Con lugar el aumento de obligación alimentaria interpuesta por la ciudadana Ana Marlene Valero Manjarrez, contra el ciudadano James Edward Vanegas Ramírez, a favor de los niños Yelitza Mireya y Jeison Junior Vanegas Valero. Tercero: Fija en la cantidad de ciento veinte mil bolívares (Bs. 120.000.ºº) mensuales, y como cuotas extraordinarias del mes de agosto la cantidad de ciento diez mil bolívares (Bs.110.000.ºº) para gastos escolares y en diciembre la cantidad de ciento cincuenta mil (Bs. 150.000.ºº ), para gastos de la época navideña, fuera de la pensión de alimentos mensual fijada, que el obligado deberá suministra a sus hijos Yelitza Mireya y Jeison Junior Vanegas Valero. Cuarto: Queda confirmada la decisión apelada dictada por la Juez Unipersonal N° 3 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protec.....

Primero: Declara sin lugar la apelación interpuesta por la representación del demandado, mediante diligencia de fecha 20 de octubre de 2004. Segundo: Fija la obligación alimentaria, que el obligado Robert Andres Morales Roa, deberá suministrar a sus hijas Génesis Andrea y Génesis Alejandra Morales Contreras, en la cantidad de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000. ºº), mensuales y como cuota extraordinaria para el mes de diciembre, la cantidad de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000. ºº) para gastos decembrinos, fuera de la pensión de alimentos mensual fijada. Tercero: Queda confirmada la decisión dictada por el Juez Unipersonal Nº 03 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, en fecha 07 de octubre de 2004.

Por la motivación antes expuesta, este: JUZGADO PRIMERO DE TRANSICION DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECIDE: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS. incoara el ciudadano JOSE RICARDO RUIZ GAFFARO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.588.700, contra la Sociedad Mercantil MANUFACTURAS MULTIPLES S.A, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 18 de Mayo 19787, anotado bajo el Nº 59, Tomo 48-A, en la persona de su Director JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 6.068.061.- SEGUNDO: Ordena a la Sociedad Mercantil MANUFACTURA MULTIPLES S.A. a pagar la cantidad al Ciudadano JOSE RICARDO RUIZ GAFFARO de NUEVE MILLONES .....

Primero: Sin lugar la apelación interpuesta por la representación del tercero opositor Ernesto Cruz Herrera, contra la decisión de fecha 13 de septiembre del 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, practicada por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Páez del Estado Apure. Segundo: Sin lugar la oposición formulada por Ernesto Cruz Herrera, ya identificado, al decreto de la medida de embargo ejecutivo sobre un fundo agropecuario ubicado a la altura del kilómetro 22 de la carretera El Nula-La Victoria, Municipio San Camilo, Distrito Páez, Estado Apure, en terrenos baldíos con una superficie aproximada de 210 hectáreas, compuesta por pastos artificiales, cercas de alambre de púa, estantillo de madera y cemento, casa para habitación, galpón anexo, caballerizas, vaquera, corrales y embarcadero en madera y tubos metálicos, laguna artificial, demás dependencias y anexidades, alindera.....

este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE EJECUCION DE LA SECCION PENAL DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: DECLARA SIN LUGAR la solicitud de la defensa del adolescente (Reservado articulo 545 de la Lopna), identificado supra y en consecuencia NIEGA LA SUSTITUCION DE LA MEDIDA DE PRIVACION DE LIBERTAD por una menos gravosa, en virtud de que aún no se han cumplido los objetivos para los cuales fue impuesta; de conformidad con el artículo 647 literal ¿e¿ de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

Y por cuanto l artículo e 267 del Código de Procedimiento Civil . Toda instancia se extingue por el transcurso de UN año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes . La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención De lo cual se infiere que un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, dado que la Perención de la Instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización por un año, en el que no realiza impulso procesal alguno. Es por lo que, habiendo un periodo de inactividad procesal prolongado transcurrido más de UN año, que exista acto de procedimiento por las partes, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio conforme a la norma transcrita.

En el caso que nos ocupa, observa este juzgador que la presente causa se encuentra en espera de la sentencia que decide el fondo de lo debatido; sin embargo, puede constatarse que la última actuación procesal en autos, fue la realizada por la parte demandante en fecha 28 de julio de 1994; transcurriendo desde esa fecha hasta el día de hoy, más de diez (10) años; lo cual denota un gran desinterés procesal para impulsar la causa a fin de lograr la tutela judicial efectiva. En ese sentido, siendo que en fecha 15/11/2004 se ordenó la notificación de la parte actora a los fines que compareciera por ante este Tribunal dentro de los tres (03) días de Despacho siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, a los fines que expusiera las causas o motivos que pudieren justificar su inactividad o desinterés en la acción propuesta, con la advertencia que su incomparecencia o la falta de fundamentación suficiente, c.....

Y por cuanto l artículo e 267 del Código de Procedimiento Civil . Toda instancia se extingue por el transcurso de UN año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes . La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención De lo cual se infiere que un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, dado que la Perención de la Instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización por un año, en el que no realiza impulso procesal alguno. Es por lo que, habiendo un periodo de inactividad procesal prolongado transcurrido más de UN año, que exista acto de procedimiento por las partes, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio conforme a la norma transcrita.

Primero: Declara con lugar la apelación interpuesta por la representación del demandada, ya identificados, en escrito de fecha 21 de octubre de 2004; en consecuencia, ordena al Juzgado a quo homologar el convenimiento efectuado entre las partes en fecha 17 de septiembre de 2004 y levantar las medidas preventivas que recaen sobre los inmuebles propiedad del demandado tal como lo establece el referido convenimiento Segundo: Queda revocado el auto apelado dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira de fecha 19 de octubre de 2004.