CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO

LE IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN A LA TRANSACCIÓN, realizada por los ciudadanos Geronimo Andrés Domínguez Guillén, en su carácter de parte actora y Nelson Manolo Arellano Santos, asistido por la abogada Mirian Carolina Martínez. En consecuencia procédase como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y ofíciese a Banfoandes a fin de que se sirvan hacer entrega de la cantidad embargada, en fecha 02 de noviembre de 2006, al abogado Geronimo Domínguez Guillen

el Tribunal declara EMBARGADO EJECUTIVAMENTE el 50% de los derechos y acciones del lote de terreno y las mejoras construidas sobre el mismo, que le pertenecen en propiedad a la ciudadana ANA EDITH REYES de SÁNCHEZ , antes descrito y señaladas por la parte actora, hasta cubrir la cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLIVARES, (Bs.14.299.500,00), monto éste decretado por el Tribunal de la Causa; y en consecuencia declara la DESPOSESIÓN JURÍDICA del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 536 del Código de Procedimiento Civil, quedando el Depositario Judicial designado en la obligación de ejercer la supervisión periódica a dicho inmueble.

PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR la demanda que por DESALOJO incoara por la Junta de Condominio del Bloque 18 de la Urbanización La Castra, de esta ciudad de San Cristóbal, representada por su coapoderada judicial Abogada MOSELEY VANEGAS BAEZ, en contra del ciudadano ORLANDO PASTOR NIÑO representado por la Defensora Ad-Litem Abogada KARINA DELGADO RANGEL. SEGUNDO: Se CONDENA a la parte demandada hacer entrega a la parte actora, totalmente desocupado de personas y bienes, el inmueble constituido por el apartamento identificado con el N° 00-05 del bloque 18 de la Urbanización la Castra, Parroquia la Concordia de esta ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira.

por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo antes expuesto, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD NÚMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: AUTORIZA EL TRABAJO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO como fórmula alternativa de cumplimiento de pena a el penado CARDENAS CHACON RUBEN DARIO

por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil; asimismo, se acuerda expedir copia fotostática certificada de los folios 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 del cuaderno principal del expediente signado bajo el 4295-2005, así como de su carátula, la diligencia que las solicita y del presente auto. Para la elaboración del trabajo fotostático se autoriza al ciudadano MARIO MEDINA RAMÍREZ, Alguacil de este Juzgado. Y por cuanto no hay más actuaciones que realizar en la presente causa, se ordena el archivo del expediente.

En mérito de los precedentes razonamientos este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la solicitud realizada por la parte demandante. PÚBLIQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA PARA EL ARCHIVO DEL TRIBUNAL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los veintidós (22) días del mes de Noviembre de dos mil seis. AÑOS: 196° de la Independencia y 147° de la Federación. LA JUEZ TEMPORAL Abog. YITTZA Y. CONTRERAS BARRUETA LA SECRETARIA Abog. JEINNYS MABEL CONTRERAS

En el caso bajo análisis, la Defensora Ad Litem solicitó que el Tribunal suspenda el procedimiento hasta tanto la parte demandante suministre lo correspondiente por litis expensas y honorarios profesionales, encontrando este Jurisdicente que la norma trascrita establece que los honorarios del Defensor se pagaran de los bienes del demandado lo cual es ratificada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, que como ya se dijo, en principio, es de los bienes del defendido que se cobran dichos gastos y honorarios, siendo por excepción el demandante el que deba suministrar los mismos, sólo cuando el demandado no cuente con bienes para responder de las resultas del juicio, y por cuanto de los autos que forman el presente expediente se desprende que la parte demandada Empresa Inversiones y Gerencias Educacionales C.A., posee un bien inmueble de su propiedad, con el cual puede responder de las resultas del presente juicio entre ellas los Honorarios profesionales, este Tribunal NIEGA.....

Primero: sin lugar la apelación incoada por la abogada MARIA ALEJANDRA SANCHEZ, coapoderada judicial de la parte actora EDMUNDO ZAMBRANO, ambos suficientemente identificados en autos, contra el auto de fecha 03 de julio de 2006, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró la extinción del procedimiento Segundo: Se condena en costas a la parte apelante, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.