Sobre la base de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 48, numeral 7 y 318, numeral 3, todos del Código Orgánico Procesal Penal, el Sobreseimiento de la Causa seguida a los ciudadanos JUAN GABRIEL MENDOZA MERENTES, CÉSAR ALBERTO BOLÍVAR CHÁVEZ Y FABIO ANTONIO ALVARADO GUTIÉRREZ, antes identificados, por la comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto en el art. 218 del Código Penal, y los declara libres de toda responsabilidad penal, en cuanto a los hechos que originaron la presente causa.

Se declara CON LUGAR la INHIBICIÒN propuesta por la Dra. ANA TERESA AYALA P., en su condición de Juez del Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, de conformidad con lo establecido en los artículos 88 y 89 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

este Tribunal segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo considera que a través de la presente aclaratoria, han quedado suficientemente subsanados los errores involuntarios de transcripción que presenta el fallo definitivo proferido en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil once (2011), teniéndose la presente aclaratoria parte integrante de la mencionada decisión. Así se decide. Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.

DECRETA la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO seguido en contra del ciudadano CARDENAS DARWIN ERICK, titular de la cedula de Identidad N° 16.954.091, quien dijo ser de nacionalidad Venezolano, nacido en fecha 03/02/1986, de estado civil soltero, hijo de Luis Cruz (v) y Doris Cárdenas (f) y con residencia en: la Guaira, Plazoleta del Carmen, callejón Loreta, Telef. 0416.700.32.8, por la comisión del delito de POSESION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, (ahora Ley Orgánica de Drogas), cometido en perjuicio de la Colectividad, fijándose el plazo de régimen de prueba en UN (01) AÑO, quedando obligado a cumplir bien y fielmente las condiciones aquí impuestas.

UNICO: DECRETA la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO seguido en contra del ciudadano DAVID CESAR ROSAS ROJAS, titular de la cédula de identidad V-12.292.395, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, nacido en fecha 03-02-1974, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Periodista, hijo de Cesar Rosas (v) y Ismeri Rojas (v), residenciado en: Urbanización Altos de Copacabana, Quinta Mis Ángeles, N° 486, Guarenas, Estado Miranda, Teléfono: 0414-1322132, por la comisión del delito de ULTRAJE AL PUDOR, previsto y sancionado en el artículo 381 del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio del adolescente OSCAR ENRIQUE CONTRERAS DIAZ, fijándose el plazo de régimen de prueba en UN (01) AÑO, quedando obligado a cumplir bien y fielmente las condiciones aquí impuestas.

DECRETA la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO seguido en contra del ciudadano MIGUEL ANTONIO QUINTERO NIEVES, titular de la cédula de identidad V-14.313.192, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, nacido en fecha 14-09-1976, de 33 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Obrero, residenciado en: Bajada el Playón, Granja Oasis, Macuto, estado Vargas, por la comisión del delito de POSESION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, (ahora Ley Orgánica de Drogas), cometido en perjuicio de la Colectividad, fijándose el plazo de régimen de prueba en UN (01) AÑO, quedando obligado a cumplir bien y fielmente las condiciones aquí impuestas.

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO JOSE MESINA PACHECO, en su carácter de Defensora Pública Penal del ciudadano JESUS RAFAEL HERNANDEZ ANTON, en contra de la decisión dictada en fecha 16 de Febrero de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad al mencionado imputado, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 83 del Código Penal.

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRAY DE JESÚS GUERRERO GUERRERO, en su carácter de Defensor Público Penal del imputado MIGUEL EDUARDO VELAZQUEZ HERNÁNDEZ, en contra de la decisión dictada en fecha 26 de Febrero de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra del mencionado imputado, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal.

DECLARA ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ADRIANA ARREAZA GIL, en su carácter de Defensora Pública Séptima Penal en representación del ciudadano ANDRES AVELINO TORRES RAMIREZ, contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en fecha 14 de febrero de 2011, en la cual DECRETÓ LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano mencionado, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 80 en su segundo aparte del Código Penal.

PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el Abg. JOSE GREGORIO VIVAS RAMIREZ, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano CARLOS EDUARDO CASTILLO CORDERO, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, de fecha 16-2-2011, en la cual declaró sin lugar la solicitud al decaimiento de la Medida Privativa Judicial de Libertad, conforme a lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de las reiteradas jurisprudencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, basadas en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: SE ADMITE el escrito fiscal.-