De lo expuesto anteriormente se evidencia, que la parte actora no explicó cómo se señaló anteriormente, la presunción grave del riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), la presunción de la existencia del derecho alegado (fumus boni iuris), además la condición para las medidas innominadas en la que se exige probar el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, (periculum in damni), siendo esta última la razón de la medida cautelar innominada, ya que en virtud de este peligro es que este tribunal podrá actuar, autorizando o prohibiendo, la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Por ende, no reuniendo los requisitos necesarios para su procedencia, este tribunal NIEGA la Medida Innominada solicitada por la parte actora. Y ASÍ SE DECIDE.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de divorcio planteada de conformidad con el articulo 185-A del Código Civil y en consecuencia queda disuelto el vínculo Matrimonial que unía a los ciudadanos ISRRAEL VIDAL UGUETO SALVATIERRA y ANTONIETA VELASQUEZ MALAVE, mayores de edad, venezolanos, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números V-3.888.254. y V-3.892.959, respectivamente, contraído por ante el Juzgado de parroquia de la Guaira del estado Vargas, el 29 de Julio de 1976. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior decisión.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declina la competencia para conocer la solicitud de PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONYUGAL, presentada por los ciudadanos MERSI RAMON MARIN MAYORA y CARMEN ALICIA GARCIA MAYORA, en el Tribunal de Municipio de las Parroquia Carayaca y El Junko de esta misma Circunscripción Judicial, a quien se ordena remitir el presente expediente.

DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por Autoridad de la Ley, conforme a los Artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: LA PÉRDIDA DEL INTERÉS de la solicitud de Título Supletorio presentado por la ciudadana ELVIGIA MARÍA OSPINO PÉREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-9.997.676. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por Autoridad de la Ley, conforme a los Artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: LA PÉRDIDA DEL INTERÉS de la solicitud de Título Supletorio presentado por la ciudadana ANA JULIA BOLÍVAR LÓPEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-16.105.665. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el solicitante ciudadano: PRISCO ANTONIO PALMA, esté Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA TITULO SUPLETORIO, sobre las bienhechurías y las mejoras, descritas en la solicitud, construidas en el inmueble de su exclusiva propiedad, ubicado en el Sector denominado Playa de la Bahía de Arrecifes, Parroquia Catia La Mar, Municipio Vargas del Estado Vargas, a favor del ciudadano: PRISCO ANTONIO PALMA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.367.437.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA en todas y cada una de sus partes el desistimiento del procedimiento, en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES, sigue la Asociación Civil UNIÓN DE CHOFERES DEL MUNICIPIO VARGAS, inscrita en la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del estado Vargas en fecha 25 de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958) contra el ciudadano RAUL JOSÉ VIEIRA TOVAR, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. 13.275.862 y la Sociedad Mercantil SEGUROS BANESCO, C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 03 de Mayo de 1993, bajo el Nro. 11, del Tomo 4-78 pro.

CONFIRMA la decisión dictada en fecha 24 de Noviembre de 2014, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual acordó la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES al ciudadano GILBERT RAFAEL DELGADO ALEMAN, titular de la cédula de identidad número V-20.007.841, en virtud de no encontrase satisfechos los extremos legales previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, declarándose en consecuencia SIN LUGAR la solicitud de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad realizada por la representante fiscal, quien le imputó la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SEMILLAS EN LA MODALIDAD DE CULTIVO Y OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Drogas, con la agravante prevista en el articulo 163 numeral 5 ejusdem

CONFIRMA en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Vargas, dictada en fecha 11 de septiembre de 2014, pero se IMPONE únicamente la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD contenida en el artículo 242 numeral 3 a los ciudadanos GABRIEL ANIBAL COELHO ROMERO, ALVARO JOSE ECHARRY SANCHEZ y ARMANDO ALI ROMERO GALINDO, titulares de la cédula de identidad N°s. 19.834.483, 18.358.029 y 20.560.232 respectivamente, pero por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, modificándose la calificación jurídica, ello por encontrarse satisfecho los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el abogado DENNYS RICARDO MALDONADO, en su carácter de Defensor Público Primero en materia de Violencia en Fase de Proceso del estado Vargas del ciudadano DIOFI MOISES PACHECO CARRASQUEL, titular de la cédula de identidad Nº V-22.278.522, en contra de la decisión dictada en fecha 31/10/2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual DECRETÓ la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD al precitado ciudadano, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, atribuidos por el Ministerio Público, en perjuicio de la adolescente A. M. (cuya identidad se omite por razones de Ley