Se DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA por efecto de LA FALTA DE INTERÉS PROCESAL. ASÍ SE DECLARA.

Se CONFIRMA LA SENTENCIA consultada. En consecuencia, se DECRETA LA INTERDICCION DEFINITIVA de los ciudadanos Rubén Darío Delgado, Armando Evangelista Calderón Delgado y Carlos Aníbal Calderón Delgado (plenamente identificados en el encabezado del presente fallo). Se designa como TUTORA DEFINITIVA a su hermana YACQUELINE BELEN CALDERON, Venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-7.992.316. Queda así CONFIRMADA la sentencia consultada.

se dicto sentencia Interlocutoria con Fueza Definitiva decretando con lugar la sentencia

Se le acreditó al ciudadano FRANKLIN ARMANDO ROMERO MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-9.996.796, el decreto de TITULO SUPLETORIO, sobre las bienhechurías antes descritas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, dejando a salvo los derechos de terceros.

Sobre la base de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 48, numeral 7 y 318, numeral 3, todos del Código Orgánico Procesal Penal, el Sobreseimiento de la Causa seguida a la ciudadana ROSA VIRGINIA ACOSTA OROPEZA, antes identificada, por la comisión del delito ACTIVIDADES DEGRADANTES EN AREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES, previsto y sancionado en los artículos 58 y 42 de la Ley Penal del Ambiente, y la declara libre de toda responsabilidad penal, en cuanto a los hechos que originaron la presente causa.

Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta de conformidad con el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, TITULO para acreditar el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la De-Cujus TERESA FERNANDEZ GRAÑA, quien en vida fuera titular de la cédula de identidad Nº V-5.097.592, a sus tres (03) hijos, ciudadanos: HARRY CASTER VILLANUEVA FERNANDEZ, JENNIFER YAMILE VILLANUEVA DE FEBRES y SOIRIVEL MAIRET LEON FERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros: V-9.999.733, V-13.374.066 y V-20.007.566, respectivamente, dejando a salvo el derecho de terceros.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declina la competencia para conocer de la Solicitud de Titulo De Únicos y Universales Herederos, presentada por la ciudadana: ELISA AMADA ALVAREZ SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.246.934, en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien se ordena remitir el presente expediente.

el Tribunal se reserva sesenta (60) días calendario para decidir

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA MUDARRA PULIDO, en su carácter de Defensora Pública Penal del imputado WILFREDO RAFAEL SALAZAR LEON, en contra de la decisión dictada en fecha 24 de Febrero de 2011, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra el mencionado imputado, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal.

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho Abogada ARELIS BEATRIZ NAVARRO, en su carácter de Defensora Pública Penal del imputado DANIEL ENRIQUE CASTILLO TORO, en contra de la decisión dictada en fecha 25 de Febrero de 2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra el mencionado imputado, por considerar que se encuentran llenos los extremos de los artículos 250 y parágrafo primero del 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal.