En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA REDENCIÓN JUDICIAL DE LA PENA impuesta de la ciudadana MARIBEL BALLESTERO ÁVILA, titular de la cedula de identidad Nº 15.208.102, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, por el tiempo de UN (01) MES Y ONCE (11) DIAS.

Considerando este Tribunal que la apelación propuesta contra la aclaratoria de fecha 06 de Junio de 2011, resulta extemporánea, en virtud de haber transcurrido íntegramente el lapso para ejercer los recursos respectivos. Así se decide.-

este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, de conformidad con lo establecido en el Articulo 937 del Código de Procedimiento Civil, Registro y Publico Sentencia Interlocutoria donde Declaro bastante y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad concerniente, sobre las mejoras realizadas a la casa descrita en la solicitud, ubicada en la Urbanización Gonzalo Hinojosa, Parroquia Caraballeda del Estado Vargas, a favor de la ciudadana antes mencionada, dejando a salvo el derecho de terceros.

este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, de conformidad con lo establecido en el Articulo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECLARO TITULO SUPLETORIO SUFICIENTE, sobre las mejoras realizadas a la casa descrita en la solicitud, ubicada en la Calle Negro Primero, Nº 11, al lado de la Cancha de Bolas Criollas, Sector La Lucha, Parroquia Urimare, Estado Vargas, a favor de la ciudadana solicitante, dejando a salvo el derecho de terceros.

Con fundamento en los argumentos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, decreta privación judicial preventiva de libertad del ciudadano CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ LINARES, por la presunta comisión del delito de Violencia Sexual Agravada, tipificado en el artículo 43 en concordancia con el 65 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 44.1 Constitucional y 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL INTENTADA POR EL CIUDADANO ROGELIO JOSÉ BARRERA GUERRA, ANTERIORMENTE IDENTIFICADO, EN CONTRA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVISAIR VENEZUELA, C.A., EN CONSECUENCIA SE CONDENA A LA EMPRESA DEMANDADA A PAGAR AL CIUDADANO ROGELIO JOSÉ BARRERA GUERRA, LA CANTIDAD EQUIVALENTE A VEINTE MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (BS. 20.000,00), POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL. ASÍ COMO LA CORRECCIÓN MONETARIA SOBRE ESTA CANTIDAD, CONFORME A LOS PARÁMETROS SEÑALADOS EN LA MOTIVA DE LA PRESENTE DECISIÓN. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, DADA LA NATURALEZA DE LA PRESENTE DECISIÓN.

Se dicto auto dandole entrada a la presente inhibición y se dictara la decisión dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a la presente fecha.

Se dicto auto dandole entrada a la presente inhibición y se dictara la decisión dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a la presente fecha.

Este Tribunal, homologó la transacción presentada por las partes en los términos planteados, dándole efecto de cosa juzgada.

Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, homologa el acuerdo suscrito entre las partes, por cuanto no han sido vulnerados los derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público.