Este Tribunal Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley le imparte la HOMOLOGACIÓN, a la transacción celebrada por las partes intervinientes

Al haber sido cumplida la comisión, se ordenó devolverla al Tribunal comitente.

SE DICTA SENTENCIA Y SE DECLARA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL POR CUANTO EL CONVENIMIENTO CELEBRADO NO ES CONTRARIO AL ORDEN PUBLICO, LAS BUENAS COSTUMBRES O ALGUNA DISPOSICIÓN EXPRESA EN LA LEY Y LA MISMA TRATA SOBRE DERECHOS DISPONIBLES A LAS PARTES, LE IMPARTE SU HOMOLOGACIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS EXPUESTOS.

el Tribunal acuerda conforme a lo solicitado, en consecuencia ordena expedir por Secretaría la copia certificada. Se negò la Medida de Prohibiciòn de Enajenar y Gravar.

SE DICTA SENTENCIA MEDIANTE LA CUAL Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: INADMISIBLE la demanda de COBRO DE BOLIVARES, presentada por la ADMINISTRADORA OBELISCO, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, Distrito Capital, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito y Estado Miranda, el 17 de abril de 1975, bajo el N° 77, Tomo 29-A contra MONICA RODRIGUEZ SALAZAR y MANUEL ALEJANDRO TORO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad N° V-10.785.408 y V-9.985.169. SEGUNDO: Se ordena el cierre del expediente y su remisión al Archivo Judicial de esta Circunscripción Judicial, anexo Oficio que al efecto se ha de librar. TERCERO: Dada la naturaleza de.....

OTORGA EL TRABAJO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO PENAL al ciudadano BIENEY YBRAIN ROSALES GOMEZ, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Colon Estado Táchira, donde nació en fecha 21-07-1976, de estado civil Soltero, de profesión u oficio Técnico en celular, Titular de la cedula de identidad Nº 9.349.426, residenciado en Colon calle 3 casa Nº 3-24, el centro, Estado Táchira, como fórmula de cumplimiento de pena, de conformidad con lo establecido en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, en el área de destacamentarios del Centro Penitenciario de Occidente Santa Ana Estado Táchira, obligándose al mismo a cumplir las condiciones establecidas en la presente decisión.

Tribunal comitente: Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Exp. N° 1175/08. Devuelta Cumplida

SE DICTA SENTENCIA MEDIANTE LA CUAL Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: INADMISIBLE la solicitud de INSERCIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN, presentada por la ciudadana MAGALY COROMOTO GARDONA MARIN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.094.819. SEGUNDO: Se ordena el cierre del expediente y su remisión al Archivo Judicial de esta Circunscripción Judicial, anexo Oficio que al efecto se ha de librar. TERCERO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

Este tribunal dictó auto mediante el cual decreta la ejecución voluntaria en el presente procedimiento de conformidad con el artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

CON LUGAR la demanda con motivo de CALIFICACIÓN DE DESPIDO, REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS interpuesta por el ciudadano VÍCTOR JULIO CONTRERAS REVERÓN, anteriormente identificado, contra la empresa "AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, C.A." SEGUNDO: Se ordena el reenganche del demandante a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que detentaba antes de su despido y se condena a la referida empresa a efectuar el pago de salarios caídos contados a partir del dieciocho (18) de julio de dos mil ocho (2008) a razón de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS BOLÍVARES FUERTES SIN CÉNTIMOS mensuales (Bs. F. 5.322,00) hasta la fecha efectiva de la reincorporación del trabajador a sus labores habituales o la oportunidad en que se insista en el despido, con las exclusiones establecidas en la motiva del presente fallo. CUARTO: Se condena en costas a la parte demandada en conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la ley orgánica procesal del trabajo.