Este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, PROCEDE A LA EJECUCIÓN FORZOSA.

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA del ciudadano STALIN JOSE OJEDA EL AQUEL, quien dijo ser de nacionalidad Venezolana, natural de La Guaira, nacido el 21-09-1985, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de Stalin Ojeda (v) y de Yosmilca El Aquel (v), titular de la cédula de Identidad N.- 17.958.103, por cumplimiento de la pena de SEIS (06) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el Encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

ESTE TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, DECRETA LA EJECUCION FORZOSA EN LA PRESENTE CAUSA EN VIRTUD DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA DEMANDADA AL PAGO DE LOS MONTOS CONDENADOS EN LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL EN FECHA VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014), A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.).

El Tribunal declaróp extemporáneo por tardío el escrito de oposición e impugnación de pruebas presentado por el abogado en ejercicio Ángel Rebolledo.- Así se declara.

SE FIJO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO PARA DECIDIR.

Se dicta sentencia mediante el cual este Tribunal conforme a lo dispuesto en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a la ejecución forzosa y decreta medida de embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la parte demandada.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la Solicitud de Divorcio planteada de conformidad con el Artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia, queda disuelto el vínculo Matrimonial que unía a los ciudadanos, YORLY YARITZA ZABALA y JORGE ALEXANDER LÓPEZ GARCÍA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.669.553 y V- 11.932.585, respectivamente, contraído por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 04 de Febrero de 1994.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la Solicitud de Divorcio planteada de conformidad con el Artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia, queda disuelto el vínculo Matrimonial que unía a los ciudadanos, VERONICA GRACIELA BRICEÑO CASTRO y ANGEL RAFAEL MEJIA MOLINA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 10.529.402 y V- 29.776.906, respectivamente, contraído por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San José del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02 de Marzo de 2000.

SE FIJO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO PARA DECIDIR.

Por los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDO el proceso que por INTIMACIÓN Y ESTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES JUDICIAL, siguen los ciudadanos PEDRO ANTONIO BARRIOS PÉREZ y CARLOS ALBERTO MORANTES GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.965.505 y V-6.492.774, respectivamente, actuando en su propio nombre y representación, abogados inscritos en el IPSA bajo los Nros. 41.946 y 44.046, respectivamente, contra la Sociedad Mercantil SERVISAIR VENEZUELA, C.A.