Se declararon bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros.

Se declararon bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros.

Se declararon bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros.

Se declararon bastante y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad concerniente a las mejoras edificadas, sobre las bienhechurías de las cuales es titular, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio Constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros.

Se declararon bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros.

DISPOSITIVA Con fundamento en la motivación precedente, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida en contra del ciudadano JOSE URBANEJA FIGUEROA CARLOS RAFAEL, venezolano, natural de Caracas, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.780.527, de 30 años de edad, nacido en fecha 18-05-81, soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en La Soublette Manuelita Sáenz, por el callejón Guaicaipuro, Parroquia Catia La Mar, Estado Vargas, de conformidad con el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese, notifíquese y diarícese la presente decisión. LA JUEZ PRIMERO DE JUICIO DRA. ROSALBA MUÑOZ FIALLO EL SECRETARIO, AB. ALEJANDRO MILLAN En esta misma fecha se da cumplimiento a lo ordena.....

Se declararon bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al ciudadano HÉCTOR DELFÍN HERNÁNDEZ LUGO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-4.564.195, la cualidad de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO del ciudadano RAFAEL ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, con vocación hereditaria y derechos sobre el acervo de bienes quedantes al fallecimiento del nombrado ciudadano, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al Principio Constitucional de Tutela Judicial Efectiva contenido en el artículo 26 de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Con base a la motivación precedente este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el otorgamiento de la Medida de Libertad anticipada referida REGIMEN ABIERTO, requerida favor de la penada ciudadana BRITO ROJAS ARELIS ALTAGRACIA, de nacionalidad Dominicana, natural de la San Cristóbal Republica Dominicana, nacido en fecha 17-07-1973, de 35 años de edad, de estado civil Casado, de profesión u oficio Peluquera, residenciada en Conjunto Residencial Caribe, Parroquia Caraballeda, Apto. 04-08, Torre A. La Guaira, Estado Vargas, titular de la Cédula de Identidad Nº 17.558.276, en virtud de no estar dados los requisitos exigidos por el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.

DICTA EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por los profesionales del derecho MARIA EVA CHACÓN MEJIAS, IGOR MARTÍNEZ Y ANTONIO COINASA, en contra de la decisión dictada en fecha 11 de septiembre del año 2008, por el Juzgado Cuarto (04º) de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual Negó la solicitud de Libertad Sin Restricciones, o una Medida Menos Gravosa.

DECLARA SIN LUGAR la apelación ejercida por la Abog. ZAIR MUNDARAY RODRIGUEZ, en su carácter de Fiscal Cuadragésimo Octavo 48º con Competencia Plena a Nivel Nacional, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 15 diciembre de 2008, en la cual DECLARÓ SIN LUGAR la solicitud realizada por el representante de la Vindicta Pública, por no estar llenos los extremos exigidos en el artículo 307 del Código Adjetivo Penal. Quedando CONFIRMADA la decisión recurrida.