DECRETA LA REDENCIÓN JUDICIAL DE LA PENA impuesta al ciudadano IVAN GERARDO FLORES, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, por el tiempo de UN (01) MES Y SIETE (07) DÍAS CON 12 HORAS cumpliendo así la pena impuesta el 18-10-2014.

DISPOSITIVA Este Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se admite la precalificación jurídica realizada por el Ministerio Público en cuanto al VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, empero se aparta esta juzgadora de la precalificación en relación al delito de Violencia Psicológica, toda vez que no existen suficientes elementos de convicción en autos, que pudieran hacer presumir a quien aquí decide que la conducta desplegada por el hoy imputado estaba dirigida a producir una afectación psicológica o que efectivamente ya exista tal afectación psicológica. SEGUNDO: Se ratifican la medidas de seguridad previstas en el artículo 87, numerales 5 y 6 de la Ley de Género, que consisten en: 5° Prohi.....

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BEATRIZ MONGE, en su carácter de Defensora Pública Novena Penal del Estado Vargas, en contra de la decisión dictada en fecha 6 de marzo de 2010, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual DECRETÓ MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD al ciudadano ROJAS FERNANDEZ ALFREDO e IMPUSO Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal a la ciudadana ANDREINA IRANÍ MIJARES NUÑEZ, por la presunta comisión de los delitos de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, concatenado con el artículo 3 de la Ley de Armas y Explosivos y en su lu.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PRIMERO: Se declara con lugar, HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO, en la presente causa pactado por las partes en fecha 05 de Mayo de 2.010, seguida al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, mediante la cual se compromete a cumplir las siguientes condiciones: 1.- Integrarse al Sistema Educativo, a los fines de continuar con su proceso de formación personal, consignando ante el ente supervisor la respectiva constancia. 2.- Presentarse ante la Unidad de Atención Ambulatoria del Adolescente no Privado de Libertad, cada TREINTA (30) días 3.- Consignar mensualmente las constancias de estudio y trabajo, a los fines de acreditar que el joven da cumplimiento a la obligación ut supra indicada. 4.- Prohibición de de portar .....

DECLARA QUE NO HAY LUGAR A LA REVISION del recurso de apelación interpuesto por la Abogada BEATRIZ MONGE, en su carácter de Defensora Pública Novena Penal del Estado Vargas del ciudadano OLIVER ALEJANDRO LUGO, en contra de la decisión dictada en fecha 05 de marzo de 2010, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual decretó la MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD al imputado mencionado, por estar llenos los extremos de los artículos 250 y 251 todos del Código Adjetivo Penal, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 en su tercer aparte de la Ley que rige la materia.

S e dicto sentencia definitiva declarando con lugar la acciòn.

Este tribunal niega la admisión de dicho medio de prueba por resultar impertinente toda vez que se ha promovido en forma irregular ya que los particulares solicitados son indeterminados, vale decir, no se señala contra cual cuenta fueron girados dichos efectos de comercio, ni quien es el titular de dicha cuenta corriente; por una parte, y por la otra, conoce este juzgador por máxima de experiencia, que solicitarle a una entidad bancaria información con relación a cheques cobrados o no, sin indicarles la cuenta corriente o en todo caso, el titular de la cuenta contra la cual fueron librados, hace imposible su ubicación, toda vez que los sistemas informáticos bancarios requieren de esos datos fundamentales para ubicar la información que se les solicita. Así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Se DECLARA con lugar la solicitud de la representación Fiscal y se decreta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA, a favor del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, para el momento de los hechos, sin mas datos de Identificación, en vista de que no existe fundadamente elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento, de conformidad con lo previsto en el articulo 318 numeral 1ª del Código Orgánico procesal penal aplicado por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Publíquese. Notifíquese. Diarisese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase en su oportunidad legal a los archivos judiciales. En Macuto, a los Trece (13) días del.....

DISPOSITIVA Este Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se admite la precalificación jurídica realizada por el Ministerio Público del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se ratifican la medidas de seguridad previstas en el artículo 87, ordinales 3°, 5° y 6º de la Ley de Género, que consisten en 3° Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para a seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enceres de uso de la familia, autorizándolo a llevar solo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo.....