DECRETA LA LIBERTAD PLENA del ciudadano JOSMAR OSNEY DIAPA CORDOVA, quien es de nacionalidad venezolana, natural del estado Vargas, donde nació el 23-02-1987, des estado civil soltero, de profesión u oficio soldado, residenciado en Montesano, Sector Canaima, zona 2, la Providencia casa 07, Parroquia Carlos Soublette, estado vargas, titular de la Cédula de Identidad Nº 18.140.724 en virtud de haberse dictado sentencia absolutoria a su favor, en fecha 30-03-2009, de la imputación efectuada en su contra por el Ministerio Público, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal.

Entonces, habiendo constancia en autos del agotamiento de la citación personal de la parte demandada, en el domicilio indicado por la parte actora, no puede concluir este sentenciador en la inexistencia de domicilio para proceder directamente a la notificación por carteles, pues, de lo contrario seria actuar de forma deliberada desconociendo las afirmaciones de la propia parte solicitante, razón por la cual, niega este sentenciador lo peticionado, pues antes de proceder a la notificación por carteles se impone agotar la notificación personal de la parte demandada, ya que, resultaría contradictorio si este sentenciador considerara que existe domicilio para la citación del demandado para el acto de contestación a la demanda, pero no existe para la notificación de la sentencia.

Se le dio entrada en fecha 16/07/2009.

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, actuando en sede constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE, in limini litis, la acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano: José Ramón Torres, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº. V-9.994.335, contra el Banco Industrial de Venezuela.

CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano SANTIAGO UDILIO RODRÍGUEZ GARCIA, en contra de Sociedad Mercantil "POMPAS FÚNEBRES SUR DE AMERICA, C.A.", por cobro de prestaciones sociales y otros beneficios por lo que se condena a dicha empresa a pagarle al referido ciudadano la cantidad de CUARENTA MIL CUTROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.f. 40.456,91) más los intereses sobre la prestación de antigüedad, los de mora y la corrección monetaria cuyos montos se determinarán mediante una experticia complementaria del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de acuerdo con los parámetros que se indican en la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: Se condena en Costas a la empresa demandada

HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, DÁNDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA.

a.- DESTACAMENTO DE TRABAJO: Al cumplir 1/4 parte de la pena, la cual cumplió el 09-12-2006 A LAS 12 HORAS. b.- REGIMEN ABIERTO: Al cumplir 1/3 parte de la pena, la cual cumplió el 09-08-2007 a las 12 horas c.- LIBERTAD CONDICIONAL: Al cumplir las 2/3 partes de la pena, la cual cumplirá el 09-04-2010 a las 12 horas. De igual forma, como quiera que le fue impuesta al ciudadano JORGE LUIS RODRIGUEZ MARQUEZ como pena accesoria a la principal, la prevista el artículo 13 del Código Penal, queda inhabilitado políticamente hasta el día 09-12-2012 a las 12 horas. Por otra parte, considera este órgano jurisdiccional importante dejar asentado, que de conformidad con lo previsto en el artículo 52 del Código Penal, el día 09-12-2010 a las 12 horas fecha en la cual cumple el penado de autos, la tres cuartas partes de la pena impuesta, podrá solicitar la conversión del resto de la pena en CONFINAMIENTO por igual tiempo, pero con el aumento una tercera parte de la pena que resta por cum.....

"Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

"Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la parte solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".