Se negó Medida Innominada solicitada.

Este Tribunal ordena agregar dicho escrito a los autos que conforman el presente expediente.

Se declaró la Perención de la Instancia.

SE DICTO AUTO HOMOLOGANDO EL CONVENIMIENTO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES, FIJANDOSE UNA OBLIGACION ALIMENTARIA DE Bs.80.000,oo MENSUALES

Se suspendió la causa por Ocho (08) días de Despacho contados a partir de la presente fecha.

SE DEVUELVE DEBIDAMENTE CUMPLIDA, AL TRIBUNAL DE LA CAUSA, EN FECHA: 29-07-03

DECRETA EL CESE de la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad del ciudadano GIUSEPPE SABATASSO DIGLIO, Titular de la cédula de identidad N° V-6.489.244, quien dijo ser y llamarse como queda escrito: De nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, de 39 años de edad, de estado civil Divorciado, de profesión u oficio Tipógrafo, residenciado en Jefatura a Silencio, Edificio Ovalli, Piso 3, Apartamento N° 9, Maiquetía, detenido en fecha 06-06-2003, de conformidad el encabezamiento del articulo 315 del Código Orgánico Procesal Penal.

SIN LUGAR LA CUESTION PREVIA DE FALTA DE COMPETENCIA, consagrada en el ordinal 1ro del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil

Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho DORIS GONZALEZ y ROMMEL PUGA, en su carácter de defensores del ciudadano MICHAEL ARMANDO SALAZAR FRANCO, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de esta Circunscripción Judicial, de fecha 07 de Abril de 2003, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de reconstrucción de los hechos presentada por los mencionados defensores.

DECLARA IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el abogado GABRIEL OSORIO TAMAYO, en su condición de defensor del imputado LUIS GUILLERMO CONDE GONZALEZ, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Juicio Circunscripcional mediante la cual acordó NEGAR LA SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL y ORDENO LA CONTINUACION DEL PROCESO, por cuanto la solicitud del Ministerio Público no está ajustada a derecho y la información aportada por el imputado de autos no arrojó ningún resultado favorable a la investigación ello a tenor de lo pautado en el artículo 33, ahora artículo 39, del Código Orgánico Procesal Penal.