Sobre la base de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Decreta la Privación Judicial Preventiva de Libertad del ciudadano YOVANI JOSE PEREZ CABELLOS, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas por encontrarse llenos los requisitos exigidos en los artículos 250, numerales 1, 2 y 3 y 251, numerales 1º, 2º y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia, se declara Sin Lugar la imposición de medidas menos gravosas solicitada por la defensa.

Con fundamento en los argumentos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, decreta privación judicial preventiva de libertad del ciudadano JOSÉ LUIS ESTÉVEZ, por la presunta comisión del delito de Estafa, tipificado en el artículo 462 del Código Penal. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 44.1 Constitucional, 250, numerales 1º, 2º y 3º y 251.4 del Código Orgánico Procesal Penal artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN FORZOSA EN LA PRESENTE CAUSA, EN CONSECUENCIA SE DECRETA MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO SOBRE BIENES PROPIEDAD DE LA DEMANDADA, RESPECTO A LAS COSTAS PROCESALES QUE FUERON CONDENADAS A PAGAR.

SE HOMOLOGÓ LA TRANSACCION CELEBRADA POR LAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 PARÁGRAFO ÚNICO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DE SU REGLAMENTO VIGENTE, DÁNDOLE EL CARÁCTER DE SENTENCIA PASADA CON AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.

SE HOMOLOGÓ LA TRANSACCION CELEBRADA POR LAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 PARÁGRAFO ÚNICO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DE SU REGLAMENTO VIGENTE, DÁNDOLE EL CARÁCTER DE SENTENCIA PASADA CON AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.

SE DICTA SENTENCIA Y SE ADMITE LA DEMANDA

Este Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.

En razón de lo expuesto, este Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, encuentra que la Inspección extralitem, solicitada por el ciudadano: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad No. V-11.117.196, inscrito en el IPSA bajo el N° 72.089, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos: ALVARO MESTRE HERNANDEZ, JUAN CARLOS MESTRE HERNANDEZ Y MARIA LUCILA HERNANDEZ MARIN, respectivamente, resulta improcedente, por lo que tal y como fue planteada no puede ser acordada. En consecuencia, se niega la misma ASI SE ESTABLECE.

declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE GREGORIO BAPTISTA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano ANDUEZA CARDONA JOSE GREGORIO, contra el auto dictado por el Tribunal Cuarto en función de Juicio Circunscripcional de fecha 29 de septiembre de 2011, mediante el cual NIEGA la solicitud de la defensa de oficiar al laboratorio central de drogas de la Guardia Nacional, con sede en Caricuao, para que remitiera copia certificada del oficio con el cual se envió la experticia química del presente caso al Ministerio Público, ello a tenor de lo establecido en el artículo 437 literal "c", en relación con el artículo 447 numeral 5, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por no existir agravio conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 831 del 18/06/2009.

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme al ciudadano RAY ENRIQUE LAYA MORALES, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, estado Vargas, y titular de la cédula de identidad Nro. V-20.006.970, plenamente identificado en autos, conforme a lo previsto en los artículos 479 encabezamiento en concordancia con el artículo 482 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.