Declara bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a las ciudadanas NATIVIDAD DEL VALLE GONZÁLEZ DE LONGA, AMARILIS DE LOURDES LONGA CASTRO y ELIA MAGALYS LONGA CASTRO, la cualidad de ÚNICOS y UNIVERSALES HEREDEROS del ciudadano RAMON DELFIN LONGA ROMERO, con vocación hereditaria y derechos sobre el acervo de bienes quedantes al fallecimiento del prenombrado ciudadano, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al Principio Constitucional de Tutela Judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA impuesta mediante sentencia firme al ciudadano YHONMAR ENRIQUE BERMUDEZ, antes identificado, conforme a lo previsto en los artículos 479, encabezamiento, en concordancia con el artículo 482 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO seguido en contra del ciudadano MAIKEL JESUS GONZALEZ IZAGUIRRE, ampliamente identificado al inicio de la presente decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 ordinales, 1°, 3°, 7º y 8° y primer aparte, todos del Código Orgánico Procesal Penal fijando el plazo del régimen de prueba en SEIS (06) MESES, debiendo cumplir con las condiciones aquí impuestas.

CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, de fecha 23/02/2009, mediante la cual le impuso al ciudadano JAVIER ANTONIO ZAMBRANO PEÑALOZA Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad de conformidad con lo previsto en el artículo 256 numerales 3° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de LESIONES CULPOSAS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 420 numeral 2° del Código Penal.

CONFIRMA la decisión pronunciada y publicada en fecha 23/02/2009 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en la que decretó la Medida de Privación Judicial Privativa de Libertad en contra de la imputada CASTILLA SAMILLAN MARIA, pero por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS ESTUPEFACIENTES, previsto en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley que rige la materia, ello por encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal.

DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. EDUARDO PERDOMO DELGADO, en su carácter de defensor de los ciudadanos LUIS ALFONZO GARCIA Y PAUL JUNIOR DORMEON GARCIA, contra la decisión dictada en fecha 24 de Febrero del 2009, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual impuso la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD a los ciudadanos antes señalados, contenida en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de DAÑOS A VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 358 del Código Penal.

DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Tercero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: Declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensa del ciudadano ROBERTO ANTONIO MARCANO PARRA, y en consecuencia se MANTIENE la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en su contra, acordada el 26 de Julio de 2008, al apreciar en concreto la magnitud del daño y la eventual pena que podría imponerse, manteniéndose la presunción del peligro de fuga conforme a lo establecido en los numerales segundo, tercero y parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el procedimiento se encuentra asegurado exclusivamente con la imposición y mantenimiento de la medida impuesta

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Segunda Provisoria del Ministerio Público BEREMIG RODRIGUEZ SOJO, contra la decisión dictada por el Tribunal Tercero en función de Control Circunscripcional, de fecha 09 de Marzo de 2009, en la causa seguida al ciudadano GILBERTO JOSE CAMARGO, en la que NO ADMITIO las pruebas testimoniales de los ciudadanos LIONIDES BRITO HILDALIS, SEQUEA PEREZ FAMIR, MAYORA ROBLES FRANCHESQUI, BERNESI GEORGE DOMINGO y NORTEGA MONIZ NELIA.

Emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas MARISELA DE ABREU RODRIGUEZ, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 08 de diciembre de 2008 y publicada en fecha 28 de enero de 2009, mediante la cual ABSOLVIÓ conforme al principio indubio pro reo al ciudadano RIVAS ANATO GUSTAVO JESÚS, venezolano, natural de La Guaira, nacido el 04/01/1982, de 26 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 16.507.093, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 tercer Aparte de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado venezolano y la Colectividad. SEGUNDO: FIJA l.....

DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Tercero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda modificar el ingreso mensual exigido a los fiadores requeridos para la prestación de la caución personal a uno equivalente o superior a TREINTA (30) UNIDADES TRIBUTARIAS CADA UNO DE ELLOS, dada la entidad del hecho, en atención al contenido del artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, manteniendo las establecidas en los numerales tercero y sexto del artículo 256 ejusdem. ASÍ SE DECIDE.