acuerda rebajar la pena impuesta a los ciudadanos MIGUEL ANGEL ACEITUNO CARRILLO y OBED DAVID ORTIZ MILLAN, quienes deberán cumplir DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISION por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 6to del artículo 470 en relación con la parte infine del artículo 475, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. De la misma manera deberá cumplir con las penas accesorias que le fueron impuestas en su oportunidad legal. Se declara CON LUGAR el recurso de revisión.

acuerda rebajar la pena impuesta al ciudadano MANUEL RODOLFO MARTINEZ LARA, quién deberá cumplir OCHO (08) AÑOS DE PRISION por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Todo de conformidad con lo establecido en el numeral 6º del artículo 470 en relación con la parte infine del artículo 475, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. De la misma manera deberá cumplir con las penas accesorias que le fueron impuestas en su oportunidad legal. Se declara CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto.

Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, acuerda CONFIRMAR la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Control Circunscripcional, mediante la cual acordó DECRETAR la privación judicial preventiva de libertad del imputado PEDRO LUIS RODRIGUEZ SANTAMARIA, ello por encontrarse llenos los extremos legales contenidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho VICTOR FERNANDEZ MEJIA en su condición de defensor del imputado de autos.

CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad a los ciudadanos RAFAEL ALEXIS GRANADOS YÁNEZ y JAVIER JOSE MORALES JASPE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 14.198.179 y 15.582.648, respectivamente, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano YOEGDRIN ADRIAN HERNANDEZ YANEZ. Se declara sin lugar el recurso interpuesto.

Con base a la motivación precedente este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud formulada por el ciudadano LUCIANO MONTIEL CASTILLO, en el sentido que este despacho otorgue permiso al mencionado penado a los fines que pueda pernotar en su residencia mientras llega su libertad condicional.

Con base a la motivación precedente este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud formulada por el ciudadano LUCIANO MONTIEL CASTILLO, en el sentido que este despacho otorgue permiso al mencionado penado a los fines que pueda pernotar en su residencia mientras llega su libertad condicional.

DECLARA CON LUGAR la inhibición presentada por la ciudadana doctora GRECIA GRISET GARCIA RANGEL, Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en la causa Nro. WP01-P-2006-000892, de conformidad con lo establecido en el ordinal 7° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.

ABSUELVE de conformidad con lo establecido en el articulo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano WILFREDO ELEAZAR RODRÍGUEZ CAMARGO, quien dijo ser: de Nacionalidad Venezolana, Natural de Caracas, de Estado Civil Soltero, de 30 años de edad, con fecha de nacimiento el 21 de Mayo de 1975, de profesión u Oficio Funcionario Policial, con residencia en Brisas de Propatria, sector Mario Briceño Iragorri, calle principal casa N° 62 titular de la Cedula de Identidad Numero V: 12.375.989, de la acusación efectuada en su contra por la representante de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en el Estado Vargas, Dra. MILAGROS GOITIA, por la presunta comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionado en el artículo 277 del Código Penal vigente. Se declara la libertad plena del ciudadano WILFREDO ELEAZAR RODRIGUEZ CAMARGO, por lo que quedan sin efecto las medidas cautelares sustitutivas que les fueron impuestas.

REVISA la medida Cautelar Sustitutiva de libertad acordada por este Juzgado al ciudadano HELBERTH DANIEL GUZMAN BARRETO, arriba identificado y en su lugar le impone las medidas cautelares sustitutivas de libertad, menos gravosa contenidas en los ordinales 3° y 4° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando consecuentemente en la obligación de acudir a la sede del Despacho Tercero de Control, cada Quince (15) días a firmar el Libro de Presentaciones y con prohibición expresa de acercársele a la víctima, sin autorización judicial, todo conforme a lo previsto en el artículo 264 ejúsdem.

ABSUELVE al ciudadano FERNÁNDEZ JORGE FABIAN, ampliamente identificado al comienzo del presente fallo, de la acusación formulada en su contra por el Representante del Ministerio Público en la cual le imputó la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, tipificado y penado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo de conformidad con lo establecido en el precepto legal contenido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, exonerándose al Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, del pago de las costas procesales, en virtud que para el momento de ser formulada y admitida su acusación, la misma gozaba del fundamento debido y no fue sino hasta la realización del debate que sus medios probatorios resultaron insuficientes para sustentarla, cesando de manera inmediata la medida de privación judicial preven.....