Este Tribunal Sexto de Sustanciación, Mediación, y Ejecución a fin de promover la Mediación como mecanismo para la resolución de disputas; este Juzgado, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de sus atribuciones legales previstas en los artículos 255, 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 19 ° de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras le imparte la correspondiente HOMOLOGACIÓN a los acuerdos alcanzados por las partes en el presente proceso, se exhorta a las partes a cumplir de buena fe los acuerdos contenidos en la referida acta, y en consecuencia se otorga EFECTO DE COSA JUZGADA,

SE DICTO SENTENCIA EN LA CUAL, SIENDO QUE, LA PRESENTE CAUSA VERSA SOBRE ACTOS NETAMENTE ADMINISTRATIVOS, SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN CONSECUENCIA, DADO QUE LA COMPETENCIA EN ESTA MATERIA ES DE ORDEN PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CORRESPONDE PLANTEAR EL CONFLICTO NEGATIVO DE LA COMPETENCIA Y SOLICITAR DE OFICIO LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA POR ANTE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, PARA QUE CONOZCA DE LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA.

En virtud de las consideraciones que anteceden, este Tribunal Segundo de Primera Instancia del Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS formulada por los apoderados judiciales de la ciudadana CRISTINA YUVARY MARTÍNEZ ALAYÓN contra la providencia administrativa N°028/2017 de fecha 08 de marzo 2017, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO VARGAS. No hay condenatoria en costas.

SE DICTA RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL éste Tribunal declara instruida la presente solicitud y acuerda entregar la misma al solicitante, sin decreto alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo supra transcrito

SE DICTA RESOLUCION MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA TÍTULO SUPLETORIO a favor de la ciudadana YADIRA PONCE LUGO,, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-6.433.175, sobre las bienhechurías descritas en el Certificado de Existencia de Bienhechurías Nº DCM-CEB-0640-2016, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, dejando a salvo los derechos de tercero.

SE DECLARÓ TÍTULO SUPLETORIO a favor del ciudadano JOSE GUILLERMO MARTINEZ AVILA, venezolano, mayor de edad, viudo y titular de la cédula de identidad número V-3.481.028, sobre las bienhechurías descritas en el Certificado de Existencia de Bienhechurías Nº DCM-CEB-0578-2015, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, dejando a salvo los derechos de tercero

SE DECLARÓ TÍTULO SUPLETORIO a favor de los ciudadanos ADRIANA JACQUELINE ENDARA VIVAS, MARIA DE LOS ANGELES ENDARA GUTIERREZ, MAIKEL YULEAN ENDARA GUTIERREZ, WENDY SAMAILOHA ENDARA DE NOBREGA y ANGELA ARACELIS ENDARA DE NOBREGA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad números V-14.129.823, V-18.930.058, V-19.444.000, V-19.444.952 y V-19.444.840, respectivamente, sobre las bienhechurías descritas en el Certificado de Existencia de Bienhechurías Nº DCM-CEB-334-2017, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, dejando a salvo los derechos de tercero

Este Tribunal declara TÍTULO SUPLETORIO a favor de la ciudadana ZOILA MARGARITA FAJARDO PÁEZ, venezolana, soltera y titular de la cédula de Identidad N° V- 3.888.036, de las mejoras realizadas a la bienhechuría, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del código de Procedimiento Civil, dejando a salvo los derechos de terceros

De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley, la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda. Según el criterio antes transcrito, para determinar la cuantía para la procedencia del recurso de casación, es necesario tomar en cuenta la fecha en que fue presentada la demanda, crit.....