Por los fundamentos arriba establecidos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud interpuesta por la Defensora Pública Penal del acusado MEDINA ARIAS JORGE LUIS, arriba identificado, en el sentido que se le imponga una medida cautelar sustitutiva de las contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que la concesión de dicha medida es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 y 244 ejúsdem.

Por los fundamentos arriba establecidos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud interpuesta por el Defensor de Confianza del acusado MAIKEL YOMAR ESPINOZA DÍAZ, arriba identificado, en el sentido que se le impongan medidas cautelares sustitutivas de las contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que la concesión de dicha medida es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 y 244 ejúsdem.

Vista la anterior solicitud de TITULO SUPLETORIO, presentada por el ciudadano: HUMBERTO RODRIGUEZ NODA, español, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° E-715.558, asistido por el abogado ROGER ANTONIO AGUEY ALFONZO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 23.001, y el croquis de las bienhechurías anexo al mismo, éste Tribunal la admite. En consecuencia, ordena expedir por secretaría copia certificada de la solicitud y remítase mediante oficio a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas, a fin de que se sirva informar a éste Tribunal a la mayor brevedad posible, si el terreno donde se encuentran ubicadas las bienhechurías sobre las cuales se pretende constituir el Título Supletorio, pertenece al Municipio Vargas y cualquier otra información adicional de la cual tenga conocimiento. Cúmplase.

DECISIÓN Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procediendo de conformidad con el sexto aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al haberse verificado el vencimiento de los lapsos previstos en dicha norma sin que el Ministerio Público haya consignado acto conclusivo de la investigación, acuerda imponer al ciudadano WILMER ANTONIO BERMUDEZ SANCHEZ, de nacionalidad venezolana natural de Maturín ¿ Estado Monagas, en fecha 01/03/1952, de 57 años de edad, de profesión u oficio Albañil ¿ Carpintero, estado civil Casado, hijo de Luis Beltrán Bermúdez (v) y de Carmen Sánchez (v), titular de la Cédula de Identidad N° 4.121.734, residenciado en: La Guaira Cruz Verde, Subiendo Callejón León, Sector Colorado, casa Nº 38, Estado Vargas; la medida caute.....

CONFIRMA la decisión pronunciada y publicada en fecha 23 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial penal, en la que le impuso a la ciudadana YUDITH MARBELI PACHECO GUTIERREZ Medidas Cautelares Sustitutivas, modificándole las medidas previstas en los numerales 3º y 6º del artículo 256 del texto adjetivo penal, por la del deber de presentarse cada vez que sea requerida por el Ministerio Público o el Tribunal, conforme a lo establecido en el artículo 256 numeral 9º ejusdem, ello por la comisión del delito de LESIONES GENERICAS EN RIÑA CUERPO A CUERPO, tipificado en el artículo 413, en relación con el artículo 422, ambos del Código Penal, por encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial de fecha 4 de Junio 2009, mediante la cual decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado ELYXANDER ARGENIS LÓPEZ ARTEAGA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-17.482.101, por encontrarse llenos los extremos exigidos en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la detención del imputado requerida por el recurrente.

CONFIRMA la decisión dictada en fecha 26 de Mayo de 2009, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó LA NULIDAD ABSOLUTA del escrito de acusación fiscal presentado en fecha 16/03/2009, en contra del ciudadano SHAIKH JAIRO YASIN, por la comisión del delito de USO DE PERMISO DE RESIDENCIA FALSO, tipificado en el artículo 326 numeral 3 del Código Penal.

VISTO QUE EN LA PRESENTE CAUSA HA TRANSCURRIDO MAS DE UN AÑO SIN HABERSE EJECUTADO NINGUN ACTO DE PROCEDIMIENTO POR LAS PARTES A LOS FINES DE MANTENER EL NECESARIO IMPULSO PROCESAL, ESTE TRIBUNAL DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 267 DEL CODIGO DE PROCEDIMEINTO CIVIL, POR REMISION ANALOGICA DEL ARTICULO 11 DE LA LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO. SE ORDENA EL CIERRE Y ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE.-

Autoriza el Permiso de Supervisión Especial al ciudadano JESUS ALBERTO RIVAS PEREZ, para pernoctar en el sitio de su apoyo familiar es decir en la urbanización Jacinto Lara, calle 39 entre 16 y 17, casa Nº 23-182, Quíbor, estado Lara. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 del Reglamento Interno de los Centros de Tratamiento Comunitarios. Y así se decide.

Este Tribunal imparte HOMOLOGACION a la Transacción suscrita entre las partes dándole efecto de cosa Juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y 89 de la Constitución de la República Bolivariana del Venezuela.